Pensiones, amparos y elecciones: complicaciones económicas
El tema central de todas las discusiones en este momento es la elección presidencial de junio próximo, no hay la menor duda de ello. Sin embargo, no es sólo lo político lo preocupante, sino también lo económico, porque las condiciones del país se están deteriorando rápidamente. Ya hoy tenemos un tipo de cambio que llegó a 17 pesos y aunque la inflación está en 4.42 por ciento sigue fuera del objetivo del Banco de México que es de 3 por ciento. Por si fuera poco, el desempleo aumentó levemente en el mes de marzo.
Todo esto como parte de los pronósticos a la baja en el crecimiento económico de México por parte de los analistas de bancos e instituciones financieras internacionales (BBVA: de 2.9 a 2.5 por ciento; Banco Mundial: 2.6 a 2.3 por ciento y Fondo Monetario Internacional: 2.7 a 2.4 por ciento). En pocas palabras, se espera que el país crezca menos de lo esperado, que ya se sabía por las elecciones en México y en los Estados Unidos porque afectan las inversiones.
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Hay un “sospechosismo” (que da lugar a sospechas, a dudas) en términos políticos porque simultáneamente se dieron a conocer esta semana dos intentos de propuestas políticas importantes como lo son la ley de revocación del amparo y la ley de pensiones para el “bienestar” en medio de una situación económica preocupante, como se justifica en el párrafo anterior. Llama la atención que se hayan llevado a cabo en este momento porque ya se va a terminar el periodo legislativo y porque estamos en un momento donde las elecciones son lo importante, por lo que la sospecha es que por esa razón fueron presentadas, ya sea para distraer la atención del tema electoral o porque se quiere dar la impresión de que son temas importantes para impulsar el tema político a favor de la candidata de la 4T. En cualquier caso, lo importante para esta columna es la parte económica que se deriva de ambos hechos.
En el caso de la revocación del amparo, la importancia económica es su capacidad para que el gobierno pueda hacer y deshacer en cuanto a abusar del poder en la actividad económica, que iría desde expropiar por capricho hasta quitar oportunidades de negocio a particulares que no tendrían manera de defenderse. En pocas palabras, una dictadura económica por parte del estado. Esto reduciría notablemente las oportunidades para atraer inversión extranjera, pues cualquier inversionista estaría a merced de los designios del estado. Los propios inversionistas nacionales preferirían hacer cualquier otra cosa con su dinero que dejarlo en México, habría fuga de capitales inmediata.
En el caso de las pensiones, aquí hay un efecto doble. Por un lado, el dinero de las pensiones es de los ciudadanos, que cedimos nuestro dinero a una empresa para que lo hiciera crecer a lo largo del tiempo y de esa forma tener un buen capital a la hora del retiro. Por el otro, ese dinero genera utilidades para las empresas manejadoras de esos fondos que invierten en mecanismos pasivos o de cartera y no en proyectos productivos, que es aquí donde el gobierno federal y su propuesta entran en juego. Se pretende, si pasa la ley el año que viene, ya es seguro que no será este sexenio, que los recursos de las cuentas individuales no reclamadas de las Afores de personas mayores de 70 años pasen a un fideicomiso gubernamental (qué ironía, de esos que tanto odia el Presidente) para ser administrados e invertidos en proyectos productivos e infraestructura. El Banco de México (Banxico) sería el organismo de respaldo, muy buena idea pero muy mal armada y presentada. Banxico garantizaría los fondos, pues el Banco Central no quiebra y de cualquier forma podría garantizar los recursos y venderlos a la banca comercial como Cetes o algún otro instrumento diseñado ex profeso para ese fin.
Ahora, tomando en cuenta que las dos propuestas están contextualizadas en el marco electoral, la pregunta que surge es: ¿para qué se proponen al final del sexenio cuando solo quedan 3 sesiones más del Congreso antes del receso que dará por terminado este periodo y traerá nuevos miembros? Se me ocurren tres respuestas en el contexto de la economía actual: una justificación para lavarse las manos en caso de una recesión económica a inicios del siguiente sexenio; una distracción para que la gente se despolitice, como lo ha dicho el propio Presidente y una tercera más maquiavélica; calar si hay oportunidad para la construcción de un país más centralizado donde las Afores completas sean del Estado y la Ley de Amparo pase al olvido.
Ya expliqué al inicio del artículo que las previsiones de crecimiento económico para México este año van a la baja por parte de todo el mundo, yo soy menos optimista y considero un 2.2 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto este 2024 y un 1.2 por ciento, en el mejor de los casos, para 2025 porque no hay recursos en la Federación y por lo que se ve no habrá una reforma tributaria para incrementar lo recaudado para el gobierno. Entonces, si el siguiente año se vuelve recesivo y las cosas se ponen peor de lo planeado, y gane quien gane las elecciones presidenciales, este gobierno podrá justificarse argumentando que intentó pasar leyes para no caer en una recesión y que la oposición fue la culpable por no permitir que pasaran esas leyes. Excelente excusa.
La despolitización de la ciudadanía es un asunto especial y no menor, pues en este momento cualquier detalle suma o resta puntos a las y el contendiente a la Presidencia y a los propios partidos políticos. Resulta entonces una buena idea quitarle presión política a los contendientes a través de impulsar un par de reformas que son capaces de atraer a la opinión pública. El objetivo, obviamente, si éste fuera, se cumplió a cabalidad y en los trending topics de Google se volvió el número uno el de las pensiones. Entendible que el del amparo no porque es mucho más técnico y no afecta directamente a los bolsillos de las personas. Sin embargo, no duró más que un par de días la despolitización y volvió todo a retomar su lugar en la opinión temática nacional. Hay que recordar que en la política parece que todo se vale.
La tercera opción indica que nos llevaría a un país tiránico, como lo fue Turquía por 10 años, con un presidente que siempre consideró que tenía la única verdad y que el gobierno era el único organismo que debería de participar en la economía para que se pudiera dirigir a cabalidad. Alguna vez el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo que si el gobierno fuera dueño de todo, no habría problemas por culpa de los mercados. Los primeros cuatro años de su gobierno fueron exitosos, pero después se han convertido en un desastre económico a tal grado que ya perdió las pasadas elecciones de manera apabullante. Pensar en un gobierno centralista y controlador en pleno siglo 21, en la era del comercio internacional, es la receta para el suicidio político y la decadencia económica. Ya hay ejemplos de estos intentos en el mundo, no tenemos por qué experimentar si sabemos de antemano que estos modelos no funcionan a mediano y largo plazo. Si estas dos propuestas legislativas tuvieron la intención de sondear hasta qué punto la gente y otros legisladores están dispuestos a caer en un gobierno tipo Turquía, los resultados actuales demuestran que no va por allí el asunto.
En conclusión, México se mueve entre dimensiones muy extrañas donde el poder político y el poder económico gubernamental son las metas finales de los políticos, está muy claro que no se está pensando en el beneficio de la sociedad bajo los conceptos modernos, porque lo que se está presentando es lo que ya vivimos en los años setenta y es lo contrario a lo que prometió el partido en el poder actualmente. Parece ser que en México siempre olvidamos la historia como lo sugieren los otros datos.
