Política fiscal: Retos para las finanzas locales
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El diseño institucional del régimen recaudatorio mexicano tiene aciertos y algunas áreas por mejorar
Un manejo correcto y transparente de la política fiscal en estados y municipios permitiría, en un país como el nuestro, contar con recursos suficientes para el desarrollo. Desde el ámbito municipal sería más efectivo. No olvidemos que el municipio es el único nivel de gobierno que tiene un espacio territorial primario.
En el federalismo existen tres órdenes de gobierno, pero no rebasamos los 30 países federales en el mundo. Y en México, por lo menos, no hemos podido armonizar el esfuerzo fiscal, estatal y municipal, ni cumplir con sus responsabilidades a través del ingreso y gasto público. Sin embargo, los tipos de ingresos de cada nivel de gobierno responden a una definición fundamental sobre cuáles ingresos son de su competencia, lo cual está previsto en la ley.
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No obstante, la conformación de los presupuestos a nivel subnacional –quizás más acentuado en el nivel municipal– enfrenta retos para construir una menor dependencia de los recursos de origen federal, participaciones y aportaciones del Ramo 33. El diseño institucional del régimen recaudatorio mexicano tiene aciertos y algunas áreas por mejorar, empero, se ha logrado que, con base en la coordinación fiscal, se repartan mejor las potestades recaudatorias.
Importante ha sido el impuesto a la tenencia, a cargo de los estados, pero normado por el Gobierno de la República. Durante mi experiencia como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), excelente cobrador fue el Gobierno de la Ciudad con Emilio Barriga de tesorero y Mario Delgado de Secretario de Finanzas; hubo estados que me llegaron a plantear ampliar un mes su cobro −no todos− porque iban un poco retrasados, entre ellos Puebla, pero se ponían pronto al corriente: fue un error desaparecerlo del ámbito federal, pues los municipios dejaron de recibir por lo menos el 20 por ciento de la recaudación.
Calderón planteó su derogación y muchos estados lo derogaron sin tomar en cuenta a los municipios, que tenían que recibir por lo menos el 20 por ciento. Fue una decisión equivocada.
A cargo de los estados, no ha sido suficiente para obtener su aprovechamiento óptimo. En varias entidades ha perdido impacto, ya sea por su eliminación −con los costos que para las haciendas públicas implica− o por la disminución de sus tasas. Según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., de 2014 a 2023 la recaudación por tenencia de autos disminuyó en un 43.7 por ciento.
Este escenario debilita a uno de los impuestos más relevantes para las finanzas estatales. Los datos de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM), registrados por el Inegi, señalan que para el año 2023 los impuestos −todos− recaudados por los estados apenas representan cerca del 18 por ciento de las participaciones totales para las entidades federativas.
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Desde la óptica de la fiscalización, la mayor disposición de recursos significa mayor gasto en programas y, con ello –para las entidades locales– un mayor universo auditable. Por lo tanto, si se mejora la recaudación también deben explorarse áreas de mejora en el control y fiscalización de dicho ejercicio de recursos.
En suma, debemos actuar con mesura en las finanzas estatales y municipales. Hay temas como la aportación estatal a las universidades públicas, que la mayoría de los estados no cumple, con una leyenda que dice: “de acuerdo con la disponibilidad presupuestal”. Gobierno Federal sí la cumple, pero no se aplica el pari passu. Hay estados, como Oaxaca y Chiapas, que sí lo hacen.
