Alejandro Gutiérrez: ¿ha sido condenado de antemano?

“¿Qué espero del juicio oral? Pues no espero absolutamente nada. Yo estoy seguro que va a ser la emisión de una sentencia condenatoria. Es irrelevante si hay pruebas, si no hay pruebas en contra, si las aportaciones de mi defensa tienen validez o no.

“Eso aquí, en el Gobierno de Chihuahua es irrelevante, y en el Tribunal menos, aquí los jueces actúan más como mozos de estoques del Gobernador (Javier Corral), entonces no espero absolutamente nada”.

Pronunciadas en la víspera de la audiencia de juicio oral del proceso que se le sigue en el estado de Chihuahua, las palabras del empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez convocan a la reflexión respecto de si existe o no la posibilidad de que en nuestro País pueda confiarse en la probidad de las autoridades responsables de impartir justicia.

Ninguno de nosotros puede con certeza asegurar si el expediente del caso que se le sigue al coahuilense es suficiente para demostrar su culpabilidad y, por tanto, dictar una sentencia condenatoria en su contra. Tener acceso al expediente, leerlo y evaluarlo –como es responsabilidad de quienes han intervenido en la integración del mismo– es la única forma de hacerse con una idea objetiva sobre el mismo.

El problema, sin embargo, es que a pesar de no contar con elementos para pronunciarse en un sentido o en otro, “se antoja” creer que algo puede haberse pervertido en este proceso y que los elementos políticos a los cuales se refiere Gutiérrez podrían ser ciertos.

Y ese sólo hecho da al traste con toda la posibilidad de contar con un elemento indispensable para que la impartición de justicia pueda ser reconocida y respetada en nuestro País: confianza.

Como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, las propias autoridades chihuahuenses –comenzando por el gobernador Corral– han alimentado el clima de desconfianza que suele haber en torno a la actuación de quienes despachan desde una oficina pública.

El caso ha sido por ello inevitablemente politizado, y en esa realidad se inscriben las declaraciones de Alejandro Gutiérrez que hoy publicamos y que condensan los elementos más ominosos de nuestra realidad judicial: la asunción de que será condenado “por consigna” y la advertencia de que podría sufrir represalias por denunciar tal hecho.

De esta forma, la emisión de la sentencia –que puede ocurrir mañana– ya no será vista como una noticia en sí misma, sino como la “confirmación” o el “desmentido” del adelanto de un imputado que se asume como perseguido político y a quien, más allá de la opinión que se tenga de él, se antoja creerle.

Se ha dicho antes con motivo de este proceso, pero habrá que repetirlo: el epílogo de este caso no podrá ser visto como uno en el cual se hizo justicia respecto de un hecho que nos importa a todos –el uso adecuado de los recursos públicos–, sino como uno donde se enfrentaron dos grupos políticos antagónicos cuyo único interés real era ajustar cuentas entre sí.