¿AMLO ejerce ilegalidad desde el poder? Esto opinan los expertos

CDMX.- Debido a la intervención frecuente del Ejecutivo federal en el proceso comicial en curso y a sus choques con organismos autónomos, especialistas ven riesgos en la jornada electoral y amenazas al orden jurídico. El sistema democrático está en juego, aseguran.

EL RIESGO QUE ACECHA NUESTROS DERECHOS

Sergio García Ramírez, profesor emérito de UNAM

Hubo un tiempo, que no es el nuestro (supongo), en el que imperó la voluntad del gobernante. Estuvimos a merced de la fuerza y el capricho, pero las cosas cambiaron (supongo). Estamos construyendo una sociedad democrática, bajo el principio de legalidad.

Los ciudadanos (ni siervos ni vasallos) ejercen sus derechos al amparo de la ley. El rumbo de la sociedad se resuelve en las urnas. En estos días, tiempo sombrío, hemos visto “reverdecer los laureles” del autoritarismo. Se desafía la legalidad y se agravia a las instituciones. Se vulnera el Estado y se comprometen los derechos.  La concentración del poder pretende avanzar por encima de la ley y la razón, sin frenos ni contrapesos.

Los ciudadanos definiremos en las urnas el porvenir de la República. Grave decisión, deberemos identificar con lucidez la circunstancia en la que estamos y actuar con firmeza en favor de la democracia. Podríamos perder lo que conseguimos en mucho tiempo, ese es el riesgo. No dejemos que retrocedan las manecillas de la historia, llevándose nuestros derechos y nuestra libertad. 

¿EL PODER DESDE  EL CINISMO?

María Marván, investigadora de la UNAM

A riesgo de parecer reduccionistas, la transición a la democracia trajo dos cambios esenciales: primero, la legitimación de la pluralidad política hasta sus últimas consecuencias y, segundo, la reestructura del Estado democrático de derecho para contener el poder presidencial.

A pesar de la tradicional debilidad del Estado de derecho en México, hubo un cambio social, político y cultural: exigir al gobernante cumplir la ley. Podemos dudar de su eficacia, pero no de su existencia. Ahora, para el Presidente de México la legalidad es un estorbo; la oposición, un enemigo. A la oposición hay que destruirla. La ley no debe prevalecer, si es contraria a su justicia.

No sólo hay un cambio de lenguaje, la desvergüenza con la que el Presidente justifica su intromisión en el proceso electoral hace palidecer las facultades metaconstitucionales del viejo autoritarismo priista. El Ejecutivo hace gala de la ilegalidad. El Estado es él, la justicia es él, la autoridad es él. El poder se hizo cínico, quizá, como nunca antes. 

VIEJAS REGLAS CON RENOVADA ENJUNDIA

Leonardo Curzio, Investigador del CISAN

Toda elección tiene riesgos y la de junio no es la excepción. Los viejos problemas no cesan y los nuevos proliferan. Entre los viejos figura la compra del voto, el dinero a chorros y la violencia. A lo viejo hay que sumar lo de hoy, que son tres elementos inquietantes: a) las constantes y desembozadas intervenciones del Presidente de México en campañas y b) su ánimo por deslegitimar al INE para, llegado el caso, impugnar desde el poder un resultado no favorable: está anticipando (como Trump) el fraude y tiene como rehén al órgano electoral.

Las intervenciones presidenciales son contrarias a la letra y el espíritu constitucional y amenazan la integridad del proceso, y c) López Obrador ha optado, además, por la utilización de las instituciones del Estado para crear un ambiente adverso a la oposición.

Queda claro que la democracia no es su lengua materna; juega con más enjundia y sin disimulo con las cartas marcadas del viejo sistema, incluidos desafueros, filtraciones y un uso inequitativo de los recursos del Estado. 

¿QUÉ DA LEGITIMIDAD AL PODER?  

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE

El poder, escribía James Madison en El Federalista, tiende a extenderse. Por ello, se necesitan leyes claras y un sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos. “Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno.

“Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo”.

Nuestro sistema constitucional contempla diversos mecanismos de frenos y contrapesos. El poder se separa en diferentes esferas para limitar su concentración y ejercicio, pero también para asegurar los derechos y libertades de las personas. Si no es la ley —los derechos— lo que establece límites al ejercicio del poder, si el poder no se limita ante la ley, ¿qué determina sus límites? Más aún, si no es la ley, ¿qué es lo que le da legitimidad al poder?

EL PLACEBO DE LA JUSTICIA

Francisco Valdés Ugalde, Académico de la UNAM

En un arrebato casi místico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace dos años que si lo ponían a escoger entre la ley y la justicia, optaría por la justicia. Las razones son maniqueas y absurdas, pero le sirven para desafiar y violar abiertamente el orden jurídico desde la cabeza del Estado.

López Obrador es Presidente por obra y gracia de la legalidad que se construyó en la transición democrática, esa legalidad que ha producido justicia en la forma de elecciones justas, en poder ciudadano para elegir gobernantes, de equilibrios políticos con los que conseguimos quitarle la omnipotencia al gobierno y empoderar al pueblo que lo puso donde está. El Estado de derecho es la justicia a la que México aspira y que el Presidente y Morena destruyen. Sin legalidad no habrá justicia, sino puro y duro poder autoritario presentado como placebo. Los mexicanos queremos un Estado que haga justicia, no una justicia para la revancha selectiva. López Obrador representa esto: la arbitrariedad del poder como engaño a los que reclamamos justicia. No caigamos en la trampa, sin legalidad no hay justicia. El 6 de junio elige entre el poder desnudo y sin límites o el Estado en el que se finca la justicia duradera. 

IMPUNIDAD ELECTORAL

Jesús Reyes Heroles G.G., presidente de GEA

Cuando en 1977 se pactaron sucesivas “reformas electorales” prevalecía un solo principio: quienes las acordaban se comprometían a sujetarse a lo que se recogiera en la ley.  Poco a poco se edificaron las instituciones (Instituto Nacional Electoral, TRIFE, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, instancias estatales) y los procedimientos para que el sistema electoral democrático de México funcionara. Y lo hizo.

El principal problema en la actualidad es que buena parte del electorado y sus líderes ya no honran ese pacto de legalidad, comenzando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo federal viola las disposiciones de no intervención en campañas, en flagrancia (en una conferencia mañanera vista por millones de ciudadanos) y poco después confiesa haberlo hecho (“¿Usted está metiendo la mano en las elecciones?”, “Claro que sí”). Esa flagrancia confesa del Presidente de la República, seguida de la no respuesta de las instituciones de justicia electoral, ha dejado a la ciudadanía atónita frente a una contundente impunidad presidencial en lo electoral, que se suma al mar de impunidades que hoy ahoga a México.