Atrapar a un elefante con una ratonera

Politicón
/ 26 junio 2019
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A la par de ir evaluando el daño —interno, bilateral, regional, con ONG y organismos y agencias multilaterales— que dejarán tanto las esquirlas de la granada de mano que nos lanzó Donald Trump con su amenaza de imponer aranceles punitivos a México, así como las secuelas de nuestras acciones y respuestas en materia migratoria, hay otro tema que en su momento voló por debajo del radar y que en el actual contexto de crisis en la relación bilateral no podemos perder de vista, ya que se yergue peligrosamente para nuestros intereses con Estados Unidos.

A principios de año, la entonces vocera de la Casa Blanca declaró —falsamente— que 4 mil terroristas habían cruzado de México a EU en 2018. El 12 de marzo, Trump dijo al sitio de extrema derecha Breitbart News que estaba considerando designar a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Semanas después, dos representantes republicanos propusieron lo mismo a través de una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, con el objeto de confrontar a esos grupos criminales más agresivamente. Para muchos a ambos lados de nuestra frontera, parecería una idea lógica o incluso inocua, dada la secuela de violencia, muerte e intimidación que han dejado a su paso las organizaciones narcotraficantes que operan en suelo mexicano. Pero es una decisión que podría tener graves consecuencias en muchos frentes y a la cual México debe oponerse férreamente.

Desde 1997, el gobierno estadounidense ha etiquetado a más de 60 grupos extranjeros como organizaciones terroristas. Dicha designación —que es una decisión eminentemente política— va de la mano con toda una serie de sanciones y medidas, desde reducir programas de cooperación bilateral con la nación en la cual operan los grupos designados como terroristas y la suspensión de corresponsalías de bancos de ese país con el sector bancario y financiero estadounidense o restricciones en la cooperación bilateral —incluyendo inelegibilidad de préstamos e inversiones del ExImBank— hasta la autoridad al presidente de restringir o prohibir importaciones provenientes de ese país o la obligación de que representantes estadounidenses en organismos económicos multilaterales voten en contra de líneas crediticias y préstamos al país en cuestión. 

En el fondo, una eventual decisión de esta índole estaría basada tanto en un análisis errado de política pública y de la realidad sobre el terreno, como en buscar abonar a la satanización de México y los mexicanos, eje narrativo central de Trump. Aplicar paradigmas de combate al terrorismo contra el crimen organizado conlleva serios errores conceptuales. Cuando la única herramienta es un martillo, todo parece un clavo. Hoy cargamos con los efectos de haber usado de manera equivocada desde 2005 una herramienta medianamente eficaz contra el terrorismo —decapitar a sus liderazgos— al crimen organizado, con las terribles consecuencias de los efectos de atomización y balcanización de grupos delictivos que seguimos arrastrando al día de hoy. El crimen organizado no tiene agenda política o ideológica como tal; no busca destruir el status quo sino maximizar ganancias y más bien lo que quiere es poder seguir operando en la penumbra, aprovechando las estructuras del Estado, como un organismo parasitario y simbiótico. Y una eventual decisión de designación sería una herramienta más en la narrativa de Trump para convencer a la sociedad estadounidense de que la frontera mexicana representa una amenaza a la seguridad nacional de EU y que por ende hay que construir un muro, y para estigmatizar aún más a los mexicanos, en ese país y en el nuestro.

Habrá quien argumente que tanto George W. Bush y Barack Obama buscaron hacer lo propio en 2008 y 2010. Es cierto, pero sus gobiernos, cercanos a México, lo plantearon como un recurso legal de abocar más recursos y capacidades para confrontar al narcotráfico y como parte de un esfuerzo bien intencionado, pero mal conceptualizado y canalizado, para apoyar a nuestro País. 

Ninguno de esos criterios animan hoy los amagues de Trump. Permitir que la Administración Trump concretase la designación del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas sería un clavo más en el ataúd al cual quiere consignar el mandatario estadounidense la relación bilateral construida con tanto trabajo y empeño entre ambas naciones durante las últimas dos décadas y media.


Arturo Sarukhán

Opinión Invitada

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