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La corrupción dejó de ser una anomalía en el funcionamiento del sistema político y se convirtió en su modus operandi
¿De verdad los titulares de 11 instancias del Gobierno federal que otorgaron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos a ocho universidades públicas ignoraban el destino de esos dineros? La investigación de Animal Político (AP) demostró que se canalizaron fondos públicos a empresas sin registro ante la Secretaría de Economía. Del monto total, 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, las cuales no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades sólo por triangular los recursos y el resto se utilizó para contratar servicios a precios inflados.
“La Estafa Maestra”, así titularon AP y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el reporte de su investigación (https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html). La nota pegó debajo de la línea de flotación de un Gobierno cuyo principal legado será la entronización de la corrupción como un sistema generalizado de operación política. Por eso fue retomada por los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros (en su edición del 5 de septiembre, The New York Times le dedicó un amplio espacio en su sección de América Latina).
El reportaje simplemente dio seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, relativas a la celebración de 73 convenios entre las dependencias públicas y las universidades referidas líneas abajo. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, permite celebrar convenios por asignación directa con instituciones públicas de educación superior, pero requiere que la institución favorecida proporcione al menos el 51 por ciento del valor de los servicios demandados. Incumpliendo estas disposiciones, las universidades subcontrataron a 186 empresas.
AP y MCCI verificaron los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionaron a los supuestos socios de las mismas, revisaron la documentación relativa a su constitución legal y exploraron si efectivamente habían prestado los servicios contratados. Encontraron lagunas legales en la gran mayoría de estas (128 de 186).
Las 11 dependencias y los titulares de las mismas involucrados en estos convenios (entre quienes figura un exgobernador de nuestro estado) son: Sedesol (Rosario Robles Berlanga); Banobras (Alfredo del Mazo Maza); SEP (Emilio Chuayffet); FOVISSSTE (José Reyes Baeza Terrazas); Secretaría de Agricultura (Enrique Martínez y Martínez); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Llorente Martínez); Registro Agrario Nacional (Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza) y la Secretaría de Economía (Ildefonso Guajardo).
Las instituciones educativas implicadas son: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma del Carmen (Campeche) y, en el estado de Tabasco, la Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
El SAT (Sistema de Administración Tributaria) ha dado muestras fehacientes de notables progresos en su eficiencia recaudatoria, destacándose en estos avances los sistemas de facturación electrónica: ¿Será posible que ignore la situación fiscal de esas 128 empresas con las cuales las dependencias públicas federales ya señaladas mantuvieron relaciones contractuales?
Hace casi un año (22 de septiembre del 2016), la nota principal de VANGUARDIA informó que el SAT condonó 18 mil millones de pesos en impuestos federales a 45 empresas fantasma: ¿Alguna de las 128 empresas involucradas en la investigación de AP y MCCI se encontrará entre las de esa misma lista?
La corrupción ha dejado de ser una anomalía en el funcionamiento del sistema político mexicano, la corrupción se ha convertido en modus operandi de la administración pública en México.
Y para cerrar, una pregunta incómoda: ¿Procurará justicia quien evade el pago de tenencia de su Ferrari?
