Cuotas en la UAdeC, un debate que demanda seriedad
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Estamos nuevamente ante la necesidad de transparentar de manera absoluta la integración y administración del presupuesto universitario
Un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó ayer una manifestación en la explanada de la Rectoría en protesta, entre otros temas, por el incremento de las cuotas de inscripción y reinscripción a la máxima casa de estudios de Coahuila.
El arribo del contingente, que antes marchó por algunas cuadras, motivó un encuentro con las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Salvador Hernández Vélez, y un largo diálogo que derivó en la emisión de una convocatoria para citar a sesión al Consejo Universitario el próximo lunes.
Vale la pena evitar el lugar común de reducir a la anécdota el episodio, o de apresurar conclusiones relativas a las actitudes y motivaciones de uno y otro lado, pues el hecho ha puesto sobre la mesa un tema de la mayor relevancia: la necesidad de evaluar la forma como funciona la principal universidad pública de nuestra entidad.
Por un lado, estamos ante una discusión largamente postergada: la relativa a la exigencia de diversos pagos por ingreso a las instituciones públicas de educación, lo cual no solo implica a la Universidad, sino a prácticamente todas las instituciones educativas de todos los niveles.
¿Violenta o no el precepto de gratuidad de la educación, establecido en la Constitución, el que se deba pagar alguna cuota por conceptos como inscripción, reinscripción, exámenes extraordinarios o expedición de constancias diversas?
Por el otro, estamos nuevamente ante la necesidad de transparentar de manera absoluta la integración y administración del presupuesto universitario a fin de despejar las dudas -fundadas o no- respecto de su manejo pero, sobre todo, de tener claridad respecto de lo que es posible y lo que no es posible hacer con el dinero con el que se cuenta.
Ayer, los manifestantes reclamaron que las cuotas universitarias se reduzcan en un 80 por ciento. Con independencia de si tal exigencia parece o no deseable, lo que resulta indispensable saber es si eso resulta factible.
¿Qué implicaría, en términos de ingresos para la UAdeC, una reducción de esta magnitud? ¿Qué elementos de su operación cotidiana impactaría dejar de percibir 80 centavos de cada peso que hoy tiene contemplados en su presupuesto por concepto de cuotas de inscripción?
Nadie, sin los números a la mano, puede pronunciarse seriamente respecto de si tal medida debe o no aceptarse sin discusión. Nadie, con los números en la mano, podría negar la factibilidad de dicha medida, si el análisis presupuestal condujera a tal conclusión.
Por ello, como cualquier debate que pretenda pasar por serio, el que debiera surgir a partir de un movimiento estudiantil como el que ayer salió a la calle tendría que comprometerse con el análisis de la evidencia. Si ambas partes se comprometen a ello todos saldremos ganando.
Por el contrario, si lo que priva es la intransigencia y la descalificación sin argumentos, lo previsible es lo que hemos visto tantas veces ya: una llamarada que se extinguirá, sin consecuencias, en unos días o semanas.