Disculpas públicas para un problema que no se detiene: la desaparición forzada

Politicón
/ 13 diciembre 2020

El pasado 9 de diciembre un acontecimiento pasó desapercibido en lo local: la Secretaría de Gobernación, en cabeza del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, realizó un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional en favor de los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Las disculpas fueron por el caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla (2010), Jesús Israel Moreno Pérez (2011) y Víctor Manuel Guajardo Rivas (2013), este último acontecido en Piedras Negras, Coahuila.

Los tres casos fueron presentados en noviembre de 2015 ante la ONU por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

El 29 de noviembre de 2019 el Comité notificó el dictamen relacionada con el señor Víctor Manuel Guajardo Rivas, en el que declaró su desaparición forzada sucedida en Piedras Negras, Coahuila. Consideró que habían transcurrido más de seis años desde su desaparición sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores hubieran avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano hubiera justificado la omisión, negligencia e impunidad.

El 10 de Julio de 2013, Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE). Víctor Manuel tenía 37 años cuando fue desaparecido; vendía ropa usada y tenía un asadero de pollos y carne en la ciudad.

María Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor, afirmó que sin ninguna orden de aprehensión o presentación, el grupo de policías ingresó por la fuerza a su casa, lo torturó mientras le preguntaban dónde se encontraba el dinero y la droga. Todo mientras su esposa e hijos lo presenciaban. Los policías se lo llevaron en la madrugada a bordo de una camioneta con el logotipo del grupo policiaco, pero sin placas.

Desde el 2013 a la fecha, el caso de desaparición de Víctor Manuel Guajardo no ha tenido ninguna investigación ni avance a pesar de que a la PGR se le señaló de forma directa al grupo de agresores pertenecientes al GATE. La denuncia fue levantada como acta circunstanciada 54/2013.

La desaparición de Víctor Manuel Guajardo y muchas otras ocurrieron en un contexto general de violaciones graves a derechos humanos y desapariciones forzadas cometidas por autoridades del Estado mexicano.

AL TIRO

A propósito de la disculpa pública, esta semana el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales, rindió el informe de la oficina, donde destacó que hubo 2 mil 209 quejas contra autoridades, 23 más que en 2019.

La Fiscalía de Coahuila, las policías municipales y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encabezaron las quejas con mil 514 entre las tres, 68.5 por ciento del total.

Entre las principales voces de violación en las quejas está el ejercicio indebido de la función con 749 quejas, la detención arbitraria con 537, lesiones con 299 y el allanamiento de morada con 269.

Sin embargo, hay otras que también llaman la atención y que no pueden pasar desapercibidas: 32 quejas por tortura, 7 por incomunicación, 16 por retención ilegal y 8 por desaparición forzada.

El tema viene a cuento, pues a siete años de la desaparición forzada por elementos GATE de Víctor Manuel Guajardo Rivas, misma que derivó en una disculpa pública del estado mexicano, es fecha que se siguen presentando las quejas por delitos relacionados con la desaparición forzada o inclusive la misma desaparición forzada.

La disculpa pública y los datos de la CDHEC obligan a replantearnos y reflexionar sobre los problemas que persisten. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), este año se han presentado 32 desapariciones en Coahuila.

Además, existen innumerables pendientes como las exhumaciones de cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes sin extraerles un perfil genético que ayudara a la identificación. Este año, en ese tema, el Plan Estatal de Exhumación no tuvo trabajos en campo. Y hay casos de familias que esperan las exhumaciones para poder recuperar los restos de sus hijos.

La desaparición es un problema que continúa y que más allá de las disculpas públicas, el problema de la desaparición se debe atender con justicia, memoria y reparación del daño, pues de no hacerlo, la “disculpa pública” significará poca cosa.