El Gobierno mexicano falta a su palabra

Hace tres años, 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada. Además de los 43 desaparecidos, perdieron la vida seis estudiantes en el enfrentamiento que se dio con policías de Iguala.

A la fecha, solo se han podido identificar los restos de uno de ellos a través de un pequeño fragmento óseo analizado en un laboratorio de ADN en Innsbruck, Austria. Por lo que se refiere a los otros 42, a la fecha, no ha sido posible determinar en donde están o qué les pasó.

Las autoridades, en su momento, intentaron cerrar el caso mediante una llamada "verdad histórica". Contaron en televisión nacional una historia verdaderamente espeluznante, que si bien pudiera resultar creíble no ha podido acreditar con información fidedigna que todos los desaparecidos hayan sido asesinados y que sus cuerpos hayan sido incinerados. Es por ello que, con toda razón, los familiares de los 42 estudiantes cuya suerte aún se desconoce continúan exigiendo conocer la verdad.

No obstante las labores realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones planteadas al Gobierno respecto a este suceso, el gobierno no ha rendido los resultados que los familiares de las víctimas quieren.

El caso de los 43 es botón de muestra de por qué el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) calificó a México en un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio. Muchas de estas pueden calificarse como desapariciones forzadas.

Aunque es importante recordar este caso, hay que recordar que no es el único. México se encuentra envuelto en una verdadera crisis humanitaria derivada de las extendidas violaciones graves de derechos humanos. Entre ellas las más de 110.000 ejecuciones registradas en el Gobierno del presidente Felipe Calderón, según el informe del relator especial sobre ejecuciones de la ONU y la tortura como práctica generalizada en el país, como lo señaló en su momento el relator contra la tortura de las Naciones Unidas tras visitar México. A esto se le suman los desplazamientos forzados internos y, desde luego, las desapariciones forzadas.

Por desgracia, la actitud del Gobierno de México ante esta realidad es negarla de manera rutinaria. Resulta vergonzoso que la primera recomendación que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU hizo al Estado mexicano en 2011, es que reconozca la magnitud del problema. La respuesta del Gobierno ha sido, no solamente negar la realidad, sino descalificar a las instancias internacionales que han realizado diagnósticos de la realidad mexicana.

Por ejemplo, el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, fue calificado de poco profesional y falto de ética. Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2016: "considerando el alto impacto que tienen las observaciones y recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos, nos parece indispensable que estos verifiquen cabalmente la información que tienen bajo su estudio y la analicen con estricto apego al derecho internacional. En consecuencia, deberían emitir observaciones sólidamente fundamentadas, que reflejen la objetividad y profesionalismo…" La insinuación insultante no merece mayor explicación.

Ante tal actitud no sorprende que la mayoría de las recomendaciones formuladas por estas instancias a México permanezca incumplida.

Tampoco resulta sorprendente que a pesar de que el Gobierno prometió en su Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014 promover el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones individuales, hasta la fecha no lo haya hecho. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, recientemente exhortó al Gobierno mexicano a cumplir con su palabra y haga el reconocimiento de competencia a la mayor brevedad posible. Estaremos a la espera que lo firmado se cumpla.

A tres años de opacidad en el caso de los 43 de Ayotzinapa, es necesario que el Estado Mexicano dé resultados y proporcione los instrumentos necesarios para enfrentar la situación en la que se encuentran decenas de miles de familiares de personas desparecidas. Una de esas acciones está en manos de la Cámara de Diputados, quien está revisando el proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas y otras cometidas por particulares, que ya ha sido aprobada por el Senado. Es urgente que dicha ley se apruebe cuanto antes, y que, a través de los mecanismos en ella previstos, se esclarezcan casos como el de este grave crimen y otros tantos, menos conocidos, pero de igual gravedad.

Santiago Corcuera es expresidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.