El poco tutelado derecho a la libertad de expresión

En el país de los récords indeseables, otra marca funesta se rompió: 2020 fue el año más violento para la prensa desde que se tiene registro con 692 ataques a periodistas y medios de comunicación, es decir, uno cada 13 horas. La cifra representa un aumento de 13.6 por ciento con relación a 2019 y en esa vorágine se contabilizan además 6 homicidios de comunicadores, sumando así 17 en lo que va de la actual administración federal. Estos datos se sustraen del informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, publicado por Artículo19 y en el que se subraya que durante el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que se autoproclama defensor de las libertades, han persistido “las dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de derechos humanos y debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacerle contrapeso al poder”. 

El informe añade otro componente trágico: el deficiente manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha enlutado al País con 200 mil decesos en la estadística oficial no podía no salpicar el trabajo periodístico: casi un centenar de informadores han perecido como consecuencia de la pandemia, lo que además de acentuar los de por sí ya numerosos riesgos, también ha evidenciado en muchos casos la falta de garantías laborales y de seguridad social en la actividad noticiosa.

Otro dato alarmante, en sintonía con otros estudios, es que sigue siendo el Gobierno el principal obstáculo de la libertad de expresión. El reporte de Artículo19 documenta que un 49.5 por ciento de las agresiones que sufrió la prensa en 2020 fueron perpetradas por agentes del Estado, un 29.4 por ciento más que en 2019. Además, de las 343 agresiones cometidas por autoridades, 144 corresponden a las corporaciones civiles de seguridad, “lo que confirma la naturaleza profundamente represora de las policías en México”, apunta el documento.

Y es que, por desgracia, ya se sabe de sobra que México, pese a no estar sumido en conflictos bélicos, es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. La Clasificación Mundial de la Libertad de Expresión elaborada por Reporteros Sin Fronteras, coloca a nuestro país en el lugar 143 de 180 naciones evaluadas. Estamos por debajo de la India y apenas por encima de países como Camboya, Pakistán, Argelia, Venezuela y Honduras. ¿Cuál es el problema de México? Muchos, sin duda, pero el análisis de Reporteros Sin Fronteras pone el acento en dos aspectos, uno: la colusión entre los gobiernos y grupos delictivos que no sólo amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información, sino que también obstaculiza el funcionamiento de la justicia en todos los niveles; y dos: que el actual Gobierno Federal, que prometió un férreo combate a la corrupción, no ha sido capaz de destinar los recursos necesarios ni de establecer las políticas apropiadas para frenar la espiral de violencia y la impunidad que siguen poniendo en entredicho la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.

Lejos estamos, por supuesto, de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, que conforman el top cinco de Reporteros Sin Fronteras. Pero si no cabe la comparación con esas potencias, ¿qué tal con Jamaica y Costa Rica? Esas dos naciones son las que siguen en el ránking. ¿Qué han hecho bien? Jamaica, por ejemplo, aunque ha tenido algunas dificultades legislativas, no ha registrado agresiones a la prensa desde 2009. Y en Costa Rica, pese a que existe poca pluralidad debido a la centralización de sus medios de comunicación, hay un marco jurídico muy sólido en materia de libertad de expresión y el estado no suele interferir en el trabajo de la prensa.  

Para volver al informe de Artículo19, el organismo propone una agenda de 36 acciones en pro de la libertad de expresión, entre las que destacan: desarrollar políticas integrales de prevención de la violencia, asegurar la protección de periodistas ante la emergencia del COVID-19, combatir la impunidad, que los gobiernos se abstengan de utilizar las redes sociales para estigmatizar periodistas o activistas, en fin. Muchas de las recomendaciones no representan ninguna novedad, pero siguen siendo necesarias ante un fenómeno que, por desgracia, se recrudece. Un gobierno que habla de libertades garantizadas y plenitud de derechos que sólo existen en el discurso, mientras en la vida real no cesa la diatriba, la polarización y el afán divisionista, está incurriendo en una perversión inacabable. Sin embargo, también en contextos así de adversos y en el ánimo y la exigencia de que la situación debe mejorar, el periodismo seguirá constituyéndose como lo que es: un indispensable pilar de cambio social.

PRÓXIMA ESTACIÓN

Manuel Serrato