La fosa de Miravalles

Durante las últimas semanas, desde Noroeste hemos venido contando una realidad macabra: en el sector de Miravalles, a unos 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Mazatlán, los colectivos de madres rastreadoras “Una luz de esperanza” y “Nuestros tesoros perdidos hasta encontrarlos” han reportado el hallazgo de decenas de cadáveres. Desde el 6 marzo se han encontrado 29 cuerpos tan sólo en ese polígono; 41 en total si se integra la zona de Palmillas.

Miravalles, un poblado de 68 casas, es ya la “fosa” clandestina más relevante de Sinaloa. Y parece que a nadie le importa.

En Sinaloa bajan los homicidios, pero suben los desaparecidos. 2018 registró 28 por ciento menos asesinatos con mil 122 casos, pero éstos fueron superados por los delitos relacionados con la privación de la libertad, con mil 211 casos.

Algo similar pasa en el resto del País. Los criminales saben que es “más efectivo” desaparecer que asesinar: la cifra negra es más grande, la denuncia formal se diluye, la nota en medios es menos llamativa; el olvido de la sociedad y el desdén de las autoridades juega a su favor para garantizar la impunidad.

Incluso para las autoridades y gobernantes las fosas y desaparecidos también son más favorables para su imagen pública. Nunca será tan impactante en medios el hallazgo de una osamenta vieja o el reclamo en redes de una madre que busca a su hija o hijo, que el asesinato a mansalva en una zona urbana. Es muy probable que de lo primero nunca tengamos registro, sólo algunos dichos; y de lo segundo sí, porque la víctima está ahí: a los ojos de todos. El asesinado es visible, el desaparecido no.

Otro factor: la métrica mundial aceptada para medir qué tan violenta es una región es el índice de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, no cuántas personas desaparecen por día. Es el principal indicador que los gobiernos buscan reducir y está bien, pero no siempre menos homicidios significan menos violencia o miedo. La inseguridad es un problema más complejo.

En Sinaloa, la todavía Procuraduría de Justicia del Estado reportó que entre 2006 y 2016 localizaron 139 fosas con 176 cuerpos, de los cuales 91 ya fueron identificados, según una investigación de Quinto Elemento Lab.

Duele decirlo, pero los desaparecidos parecen no importarle a nadie y la mejor muestra de ello es que quienes los buscan y –a veces– los encuentran no son las autoridades sino sus familiares. En México sabemos que las fosas clandestinas existen por las madres rastreadoras, no por el Gobierno.

Los colectivos de buscadoras realizan sus hallazgos con el mínimo de recursos, pero con una voluntad a prueba de todo. Buscan con palas y picos en las zonas donde los testimonios y “pitazos” las llevan. Les falta dinero, conocimiento y capacitación forense pero las mueve la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Por eso es muy grave que después del impactante hallazgo de Miravalles, el colectivo anunciara su disolución en redes sociales sin argumentar una razón concreta. Se presume que fueron amenazadas, pues ya existen antecedentes en ese sentido para detener la labor de estos grupos.

Si es así, es gravísimo y debería alertarnos a todos. ¿Por qué? Básicamente por dos razones: primero porque habría que hacer la pregunta de rigor: ¿cuántos cuerpos más hay en Miravalles? Y segundo, porque si la zozobra de contar con un familiar desaparecido ya implica un dolor indescriptible, ahora los criminales les impedirán también buscarlos.

Cancelar la esperanza de la búsqueda implica una terrible revictimización para los familiares, pues no sólo el estado ha sido omiso en procurar e impartir justicia por la desaparición concreta de una persona, sino que resulta también incapaz de garantizar la seguridad de las víctimas colaterales. Recordemos el caso de Sandra Luz Hernández en Culiacán, asesinada en mayo de 2014, en la búsqueda de su hijo.

Un homicidio que no vemos sigue siendo un homicidio. Por eso, antes de echar campanas al vuelo porque ese delito “se reduce”, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el fiscal Juan José Ríos Estavillo deben atender el problema de los desaparecidos para impedir que Sinaloa se siga convirtiendo, como el resto del País, en una gran fosa clandestina.