La reforma que viene al sistema de justicia penal

El anuncio de la próxima presentación de las iniciativas de reforma en materia de justicia cívica, procuración y administración de justicia, desató una serie de críticas y descalificaciones, basadas en rumores y especulaciones, ya que las propuestas definitivas por parte del gobierno federal aún no se dan a conocer oficialmente.
Lo cierto es que a más de doce años de que comenzó la operación del sistema penal acusatorio en el Estado de Chihuahua, y a tres años de que opera para todos los delitos en el país, nuestra justicia penal sigue en crisis y la percepción es que lejos de alcanzar las metas estimadas, sigue empeorando.
Desde un inicio se previó que el nuevo sistema de justicia penal requeriría de adecuaciones que serían determinadas con base en la experiencia de su operación. Por ejemplo, se ha detectado que: las instituciones de seguridad pública no inhiben la comisión de delitos; las de procuración de justicia carecen de capacidades para hacer investigaciones sólidas y profesionales en delitos complejos; las de administración de justicia han fallado en aplicar correctamente los controles de los procesados en libertad. A todo esto, se suman las deficiencias del marco jurídico vigente, que se torna inoperante por ser ajeno a la realidad, ocasionando que los imputados no sean procesados, queden en libertad y el delito en la impunidad. Con ello, quienes pierden son las víctimas y la sociedad honesta y trabajadora.
Se critica la ineficacia del Ministerio Público, sin considerar todos los obstáculos de carácter jurídico, administrativo y operativo que debe superar para su actuación eficiente. Entre los primeros, el cúmulo de secretos legales y autorizaciones judiciales previas a la actuación, que hacen casi imposible lograr una investigación pronta sin falla legal. Por ejemplo, cuando se pretende recabar información contenida en una computadora, se deben obtener tres autorizaciones judiciales para acceder al análisis de dicha información, lo cual es contrario a la naturaleza del sistema acusatorio que se caracteriza por su sencillez e inmediatez. En cuanto a los obstáculos administrativos y operativos, las fiscalías enfrentan problemas graves, como la falta de presupuesto, burocracia paralizante, insuficiente capacitación, corrupción, falta de armamento y equipamiento forense, entre otras.
Necesitamos investigadores profesionales y procesos legales sencillos y rápidos para combatir la impunidad. De lo contrario, el sistema acusatorio adversarial seguramente estará condenado a repetir los errores del sistema tradicional, todo ello en perjuicio de las víctimas.
Las reformas que se propongan deben enfocarse en hacer eficiente el sistema penal para que finalmente se consolide. En distintos foros, el gobierno federal, las autoridades estatales, la sociedad civil organizada, la academia y los operadores del sistema han externado propuestas que podrían aprovecharse. El reto es lograr una reforma consensada y legitimada, pero sobre todo eficiente y eficaz.
Asimismo, es inviable el sistema de procuración y administración de justicia si no se acompaña con un esquema de fortalecimiento de las instancias responsables de la prevención del delito. Las policías estatales y municipales adolecen de similares defectos jurídicos, administrativos y operativos que las fiscalías, por lo que también tendrá que darse la atención que corresponde.
No fue un acierto el implementar una reforma garantista a favor de los procesados en plena crisis de violencia e inseguridad. Entonces, debemos mantener una visión crítica pero abierta hacia las reformas que proponga el gobierno federal. Los derechos humanos fueron el eje central para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Hoy, continúan siendo fundamentales para el diseño de las reformas que se avecinan; el límite entre los derechos de las víctimas y los procesados está a debate. En todo caso, el fortalecimiento del Estado en beneficio de las víctimas debe incluir los controles y la supervisión sobre los operadores del sistema, para garantizar el respeto al estado de derecho, combatir la corrupción y el abuso de autoridad.