Las instituciones electorales después del COVID-19
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Las instituciones electorales encargadas tanto de la planeación, administración y desarrollo de los procesos electorales, como aquellos entes jurisdiccionales cuya función principal es la protección de los derechos político-electorales, así como la solución de los conflictos en la materia, a lo largo de su existencia han generado innumerables acciones de vanguardia en favor de una democracia más participativa y activa.
Entre varios ejemplos, resaltan aquellas en que las instituciones buscan actualizarse y ponerse a la vanguardia en el uso de las tecnologías. Ahí tenemos, por ejemplo, los ejercicios vinculantes con mecanismos electrónicos para recibir la votación de la ciudadanía en algunas regiones de Coahuila en 2005 y 2009, o bien Jalisco en 2009 o la Ciudad de México en 2009.
Hasta ahora, más de 20 entidades federativas han utilizado urnas o tabletas electrónicas para la realización de diversas pruebas piloto o bien ejercicios parciales vinculantes en procesos electorales locales. Además de estos mecanismos, diversas instituciones electorales han utilizado la tecnología para la generación de sistemas informáticos propios, dejando de lado a empresas privadas y responsabilizándose directamente de todos sus procedimientos, tales como: los programas de resultados electorales preliminares, sistemas de cómputos, o bien, la utilización de lectores ópticos para la revisión de paquetes electorales, entre otros.
Actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE), había programado para las elecciones de este año en Coahuila e Hidalgo, la implementación de un ejercicio parcial vinculante utilizando urnas electrónicas. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INE determinó hacer uso de su facultad de atracción para posponer temporalmente dichos procesos electorales.
De igual forma, el INE tiene el objetivo de utilizar otro mecanismo de votación electrónica a través del uso de internet que se implementaría para recibir la votación de los mexicanos residentes en el extranjero. Un ejercicio probado y con éxito lo encontramos en nuestra Ciudad Capital en donde el otrora Instituto Electoral de la Ciudad de México utilizó dicho mecanismo para la elección de Jefe de Gobierno en 2012.
Pero independientemente de los alcances de estos mecanismos de votación las instituciones electorales, hasta donde lo han hecho público, buscan generar ahorros importantes que, al final, beneficiarían a la población.
Los órganos jurisdiccionales no se quedan atrás. Así tenemos, por ejemplo, el Acuerdo adoptado recientemente por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila que, en atención a la emergencia sanitaria, determinó, de forma temporal, el uso de la tecnología para la presentación y sustanciación de medios de impugnación.
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció desahogar sus actuaciones judiciales con el uso de la firma electrónica (FIREL). Así, la FIREL se utilizaría para la emisión de acuerdos de turno, radicación y admisión de demandas, requerimientos y otros, así como en sentencias y resoluciones de medios de impugnación.
Asimismo, es de resaltar un sinnúmero de actividades a distancia que a través de su Escuela Judicial Electoral desarrolla, vía remota, para beneficio de toda la población.
Todas estas acciones tanto de institutos electorales como de órganos jurisdiccionales son referentes que se colocan como punta de lanza en beneficio de una sociedad, acercándole y facilitándole desde la emisión de su voto, hasta la presentación de una demanda.
Estas aportaciones y otras más, algunas previamente instrumentadas y otras surgidas a raíz de la emergencia sanitaria, seguramente quedarán plasmadas como mecanismos permanentes de actuación ante una sociedad cambiante y cada vez más exigente. Ojalá otras instituciones accedan a innovar y a apostar a la tecnología pensando, invariablemente, en las necesidades de nuestra sociedad.
