Los DESCA: el reto de los derechos humanos en el siglo XXI
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El tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) constituye uno de los grandes desafíos para los derechos humanos del Siglo 21. Durante los últimos años el interés en promover, garantizar y proteger los DESCA se ha incrementado considerablemente; lo anterior en razón del evidente perjuicio que se causa a la población si estos no son plenamente garantizados.
Los derechos conocidos como DESCA son los derechos humanos que tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas de las personas, tales como poder acceder a servicios de salud, educación, trabajo digno, seguridad social, vivienda, alimentación, entre otros. Todos estos en conjunto buscan otorgar a todos y todas un nivel de vida adecuado y desarrollo integral.
Actualmente, se encuentran reconocidos como derechos humanos en diversos instrumentos internacionales así como en las constituciones de numeros países.
En el caso mexicano, se incorporan por primera vez en la Constitución de 1917, que, por cierto, es considerada la primera constitución social en el mundo al ser pionera en incorporar el reconocimiento de estos derechos. En cuanto a los instrumentos internacionales, México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por lo anterior, nuestro país se encuentra obligado a respetar y proteger los derechos sociales, así como a realizar todas las acciones necesarias para que todos podamos acceder a ellos.
A pesar de que los DESCA entrañan necesidades básicas de las personas, garantizarlos no es tarea sencilla. Existe una amplia brecha entre el reconocimiento normativo de los mismos y su aplicación en la realidad.
México es un país en donde gran parte de la población no cuenta con las condiciones generales de vida, existen altos índices de desnutrición, analfabetismo, hay personas empleadas en la informalidad y límites para acceder a una vivienda adecuada y el sistema de salud y educativo presenta fuertes deficiencias. El problema radica principalmente en que garantizar estos derechos implica un costo para el Estado y ante la mala distribución de recursos los resultados afectan directamente a la población.
En este sentido, cuando las políticas públicas son escasas y las leyes no se cumplen, esta brecha sólo puede ser atacada garantizando su justiciabilidad. Es decir: ante casos donde no se garantizan los DESCA se deberá buscar su protección por la vía judicial.
En México se aprobó durante el año 2011 una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ésta llega como una luz al final del túnel en cuanto a la justiciabilidad de los DESCA al incorporar dos cuestiones fundamentales: 1. Eleva los tratados internacionales a rango constitucional, y 2. Dota a los operadores jurídicos de herramientas como el principio pro persona y la aplicación del control de convencionalidad.
Esta reforma trajo consigo el aumento de las posibilidades de garantizar los derechos sociales. El otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales elimina cualquier duda existente sobre su exigibilidad.
Ante este escenario, el papel de los jueces, abogados y sociedad civil se vuelve indispensable para que mediante un esfuerzo coordinado, en aplicación de estas herramientas, se logre otorgar plena efectividad a estos derechos.
A mediados de este mes de marzo, México se presentará ante el Comité de Derechos Sociales para sustentar su informe respecto a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el País. Acontecimiento que sucedió por última vez hace 11 años y que sin duda vale la pena seguir de cerca para poder vislumbrar los avances en cuanto a protección de los derechos sociales y los retos de México en la materia.
@adriana_bsc
a.salinascerrillo@gmail.com
La autora es auxiliar de investigación del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia IDH. Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH.
