Ni fu ni fa

El gasto social reportado por el estado de Coahuila (ver información del Inegi), no tiene una relación clara con la evolución de la pobreza en la entidad medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Según Coneval, el número de coahuilenses en condiciones de pobreza o pobreza extrema ascendió a 857 mil 866 personas en el 2010, aumentó a 891 mil 974 en el 2012 y siguió elevándose hasta el 2014, fecha en la cual 995 mil 494 habitantes de la entidad vivían en esa condición. Para el 2016, la cifra descendió en casi 200 mil personas y el organismo encargado de evaluar la política social la ubicó en 795 mil 584 individuos (Ver gráfica anexa).

Debemos en primer término congratularnos porque un conglomerado importante de ciudadanos de la entidad, vive ahora en condiciones menos precarias que hace un par de años.
Ahora bien, si a la evolución de la cantidad de personas que viven en esas circunstancias socioeconómicas en Coahuila le empatamos las cifras del comportamiento del gasto social en precios constantes, podemos apreciar: 
1. Conforme a lo esperado, entre el 2010 y 2012 el aumento en el número de pobres fue coincidente con una caída del gasto social real; 
2. Sin embargo, entre el 2012 y el 2014, años en los cuales el gasto social real creció en un 70 por ciento en pesos constantes, pasando de 7 mil 584 a 12 mil 899 millones de pesos, el número de coahuilenses en pobreza o pobreza extrema se incrementó en 103 mil 520 personas, es decir, un 11.6 por ciento más que dos años atrás. 
3. Finalmente, entre el 2014 y el 2016 (bienio de un virtual estancamiento del gasto social en Coahuila), las personas en condición de pobreza o pobreza extrema en nuestro estado registraron un importante descenso de casi 200 mil gentes, es decir un 20 por ciento menos de las contabilizadas dos años atrás.

¿Cómo explicar estos datos?

Una posibilidad sería que el monto asignado a la política social en Coahuila con recursos estatales fuera poco relevante comparado con los fondos de origen federal. A reserva de realizar un análisis más detallado, que permita cuantificar el aporte relativo de recursos para estos programas en la entidad, esta hipótesis parece poco plausible en virtud de la rápida expansión del gasto en transferencias sociales en el Estado en las dos décadas pasadas, así como de su elevada participación en el gasto público total en la entidad. En el primer caso, este rubro de gasto fue el de mayor crecimiento real, con tasas anuales del 11.6 por ciento entre 1998 y el 2016. Por otra parte, el peso del gasto social en el total de egresos estatales promedió el 22.9 por ciento entre el 2010 y el 2016 (casi 23 centavos de cada peso se gastaron en estos programas).

Si el monto de recursos estatales canalizado a los programas sociales es relevante, debemos entonces dirigir nuestra mirada a la eficiencia con la cual se utilizan esos dineros. Lo que cabría esperar es una reducción de la pobreza a medida que aumenta el gasto social, siempre y cuando los programas estén adecuadamente diseñados y operen correctamente. Pero lo que los datos muestran es que el gasto social estatal no parece tener influencia sobre la evolución de las cifras relativas a la pobreza y la pobreza extrema en la entidad. 

El objetivo de la política social es reducir las desigualdades en una sociedad. Para ello es tan importante analizar de dónde provienen los recursos con los que se fondea, cómo cuál es el resultado último de su aplicación. Lo que cabría esperar en términos netos es que, como resultado de la política social, los sectores de la población con menores ingresos reciban un aporte real positivo que contribuya a reducir las brechas sociales y económicas. 

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