Pitbulls, ¿cuántos muertos más hacen falta?

La historia se ha repetido: un menor de edad se encuentra accidentalmente frente a un perro de la raza pitbull, cuyos dueños no lo tienen debidamente restringido o confinado, y termina al borde de la muerte (hasta el cierre de esta edición) debido a las lesiones que le dejó el ataque del can.

La moraleja de esta historia, ocurrida ayer en una colonia de Saltillo, es exactamente la misma del resto de las historias que hemos relatado anteriormente en estas páginas: los animales de compañía que, debido a su naturaleza, constituyen un riesgo para los seres humanos, no pueden ser tratados exactamente de la misma forma que aquéllos que no representan peligro alguno.

Al respecto, también es necesario precisar que no se trata de estigmatizar a una determinada raza de perros o a una especie, porque el problema no son los animales, cuyos actos no son producto de ninguna racionalidad, sino del instinto: el problema son sus propietarios.

Así pues, dado que el problema somos los seres humanos, resulta absolutamente indispensable que se legisle para demandar de los propietarios de animales de compañía –y no solamente de los perros de raza pitbull, sino de todos– responsabilidades específicas.

Poseer animales –igual que tener un árbol plantado en el patio de nuestra casa– es un derecho que todos podemos ejercer libremente, pero que trae consigo responsabilidades de carácter civil que debemos asumir y que la autoridad debe demandarnos.

Ningún propietario de un animal, sea de la especie que sea, puede alegar inocencia respecto de los actos que dicho espécimen realice, por una razón muy simple: cuando los seres humanos tomamos la decisión de introducir un animal a nuestro medio estamos obligados a asumir responsabilidad respecto de su conducta.

Y tal razonamiento aplica –en el caso de los perros– lo mismo para la obligación de recolectar las heces que el animal deposite eventualmente en la vía pública, que para la eventualidad que, debido a sus instintos naturales, el perro decida en algún momento atacar a un ser humano.

La pregunta que resulta obligada hacerles a nuestros legisladores y a las autoridades ejecutivas –tanto municipales como estatales– es ¿cuántos niños muertos más se necesitan para que quede clara la urgente necesidad de diseñar y poner en práctica políticas públicas orientadas a evitar que alguien más sea atacado por un perro o por cualquier otra especie animal.

Resulta absolutamente inadmisible que, tras haberse registrado al menos media docena de ataques por parte de perros de esta raza durante el presente año en Coahuila, uno de los cuales arrojó un saldo fatal, nuestras autoridades no consideren que estamos ante una situación alarmante y demoren la adopción de las medidas preventivas que la situación claramente exige.

Cabría esperar que éste sea el último ataque padecido por un menor de edad que nos veamos obligados a reseñar.