POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

I. DENUNCIAS

Un reto para la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, es construir un clima de confianza para que los empleados de la dependencia que comanda sientan la confianza de hablar abiertamente sobre la situación de acoso sexual y laboral que algunos de ellos dicen vivir a manos del director jurídico de la propia Secretaría, Enrique Emmanuel González Ortiz. Las acusaciones son graves y se registran en medio de señalamientos encontrados: Martínez dice que no hay quejas formales; los afectados afirman que sí.

II. DUDAS

En medio de la discrepancia, un señalamiento sobresale: las personas que se dicen acosadas aseguran que no hay condiciones para quejarse abiertamente debido a la asimetría entre ellas y la contraparte, pues no se trata de cualquier funcionario, sino de quien tiene a su cargo el área jurídica. La pregunta frente a la situación es quién va a garantizar que los hechos se investiguen con rigor e imparcialidad, pues si algo resulta obligado en casos como este es que la verdad se conozca.

III. PURO CUENTO I

Quienes conocen bien la normatividad interna de Morena aseguran que la “prohibición estatutaria” para que quienes ostentan actualmente un cargo de elección popular, por ese partido, puedan aspirar a la reelección en los comicios del año próximo, en realidad no existe. Y es que, aun cuando la dirigencia de Luisa María Alcalde aseguró que dicha reforma se llevó a cabo e incluso afirmó, en múltiples ocasiones, que dicha regla ya estaba vigente, lo cierto es que los estatutos registrados ante el INE de Guadalupe Taddei nunca fueron reformados. Lo que sí se aprobó, en sesión del Consejo Nacional en mayo de 2025, fueron unos “Lineamientos para el comportamiento ético”.

IV. PURO CUENTO II

Dichos lineamientos, que se encuentran disponibles en la página web del partido de moda, en efecto, prohíben que los cargos de elección popular se hereden, pero en ninguna parte mencionan la restricción de que sus representantes aspiren a la reelección en los comicios previos a 2030, cuando entrará en vigor la regla constitucional aprobada en marzo del año pasado. ¿Por qué entonces todo mundo en el morenismo afirma que existe la prohibición?

V. EL RÉCORD

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, puso sobre la mesa una iniciativa interesante: tratar de romper un Récord Guinness con mil pases de futbol como parte de la estrategia de prevención de adicciones. El esfuerzo tiene un enorme valor para convocar a las familias, promover el deporte y atraer el interés sobre un problema que merece toda la atención. La pregunta interesante viene después. ¿Cómo se medirá el impacto real de esta política pública? Porque una cosa es imponer una marca mundial y otra distinta modificar conductas, reducir consumos o evitar que más jóvenes caigan en las adicciones. Los récords duran un día; las políticas públicas deberían durar mucho más.

VI. EL DESPUÉS

Ahí está el verdadero reto. Si el Guinness sirve para atraer atención hacia una causa tan importante, bienvenido. Sin embargo, el éxito no debe medirse únicamente por el número de participantes o por una certificación internacional, sino por los resultados que pueda generar en las colonias, las escuelas y las familias. La prevención no se agota en un evento; empieza precisamente a la conclusión de este. Porque el mejor récord no será el de los pases de balón, sino el de los jóvenes que nunca lleguen a necesitar ayuda por una adicción.

VII. ¿QUIÉN DECIDIÓ?

El caso de la Orquesta Filarmónica del Desierto dio un giro importante. La secretaria de Cultura, Esther Quintana, afirmó que nunca autorizó la colaboración con el rapero “Millonario”, que tampoco avaló el despido de dos músicos y que incluso instruyó detener la grabación cuando conoció el caso. Si las cosas ocurrieron así, la discusión ya no gira en torno al artista invitado. La verdadera pregunta es otra: ¿quién tomó esas decisiones y bajo qué facultades? Porque cuando la titular de una dependencia se entera de los hechos una vez consumados, el problema deja de ser artístico y se convierte en uno de autoridad.

VIII. LA CADENA

Lo dicho por la secretaria abre un escenario incómodo. Si la instrucción fue detener la grabación y ésta continuó; si los despidos tampoco fueron autorizados, entonces alguien decidió actuar por su cuenta o los controles internos simplemente dejaron de funcionar. Cualquiera de las dos explicaciones amerita una investigación seria. Porque una dependencia pública puede equivocarse, pero difícilmente puede operar con funcionarios que actúan como si cada quien fuera el titular de la Secretaría.

IX. LO PÚBLICO

Más allá de las responsabilidades que la investigación determine sobre Natanael Espinoza, director de la Orquesta, el caso deja una discusión de fondo. La Filarmónica del Desierto es una institución pública que opera con recursos públicos y, por lo mismo, sus decisiones deben apegarse a criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. La colaboración, los despidos y la aparente falta de comunicación con la Secretaría de Cultura plantean preguntas que exigen respuesta. No se trata del video musical, sino de saber quién toma las decisiones, bajo qué reglas y quién responde cuando las cosas salen mal. Porque cuando el dinero es de todos, las explicaciones también deberían ser para todos.