Seguridad privada: ¿qué nos dicen las cifras?

Politicón
/ 22 mayo 2018

El presupuesto que los particulares invierten en seguridad privada coincide con la mayor inversión pública, en la historia, en materia de seguridad pública


De acuerdo con la información pública disponible, en nuestra entidad tienen permiso para operar un total de 628 empresas dedicadas a brindar servicios privados de seguridad. Por otro lado, en el periodo comprendido entre 2014 y 2017, más de 200 empresas del ramo cerraron sus puertas en Coahuila.

A primera vista, los números se antojan sorprendentes porque, quien no se encuentra en ese ramo de la actividad empresarial, tendería a creer que no hay espacio para tantas opciones distintas entre las cuales se pueda distribuir la demanda de este tipo de servicios.

Por otro lado, el hecho de que exista tal número de empresas formalmente registradas, ofreciendo sus servicios y manteniéndose activas, pareciera evidenciar que existe un mercado tan amplio que ofrece espacio para cientos de competidores.

Si esta última conjetura es verdadera, cabe preguntarse cuáles son las razones de que exista tal demanda por servicios de seguridad privada y la respuesta no puede ser otra sino que la percepción de inseguridad es muy alta, además de que seguramente las empresas y los particulares no confían en la seguridad que debe brindar el Estado.

Las cifras que en Coahuila se ofrecen, parecen encontrarse en línea con las que a nivel nacional han dado a conocer diversas agrupaciones empresariales, entre ellas la Canacintra, según las cuales las empresas mexicanas destinan actualmente hasta el 10 por ciento de todos sus ingresos al gasto en seguridad, lo cual incluye contratar personal de vigilancia, así como adquirir tecnología.

El gasto en este rubro, de acuerdo con la agrupación, se ha multiplicado al menos por cuatro en la última década ante la pasividad de las autoridades a quienes se ha acudido en busca de respaldo frente al incremento en los hechos delictivos.

Paradójicamente, el crecimiento en el presupuesto que los particulares invierten en seguridad privada coincide con la mayor inversión pública, en la historia, en materia de seguridad pública.

Como se recordará, a raíz de la crisis de seguridad que vivió el País durante el sexenio de Felipe Calderón, el Gobierno de la República impulsó la creación de un “sistema nacional” de seguridad que, al menos en teoría, tiene el objeto de estandarizar las prácticas policiales en todo el territorio nacional, así como profesionalizar dicho servicio público.

La inyección de recursos que se ha realizado en dicho rubro es enorme e incluye no solamente mejor equipamiento y tecnología para todos los cuerpos policiales del país, sino también mejores salarios, mejores procesos de contratación y mayores controles para evitar la penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad.

Todo eso, en lugar de incentivar el surgimiento y proliferación de empresas de seguridad privada tendría que haber promovido exactamente lo contrario. Sin embargo, está claro que en México la lógica no opera como debería y que, aún con todo lo que se dice y se presume en materia de seguridad pública, lo cierto es que para garantizar nuestra integridad sólo podemos confiar en nosotros mismos.

 

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