¿Sirven los programas sociales?
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Los nuevos datos de Coneval muestran que la pobreza no ha bajado. De 2008 a 2018, el porcentaje de población en pobreza bajó 2.4 puntos porcentuales, 0.24 por año. Dado el crecimiento demográfico, son casi 3 millones más de personas.
En la colaboración anterior mostré que las dos variables determinantes de este resultado tienen raíz económica: la carencia de seguridad social y el ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica. Ambas surgen del mundo del trabajo y no de los programas sociales.
Esto no los libra de responsabilidad. Pero sí urge superar la confusión generada por llamarlos programas de "combate a la pobreza". No es esa su función. Los programas no tienen posibilidad de resolver las dos variables determinantes de la pobreza.
La función de la política social es garantizar derechos sociales, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, entre otros. Los programas sociales deben ser instrumentos para tutelar esos derechos, como herramientas de protección y promoción de los derechos para quienes tienen mayores obstáculos para ejercerlos.
Para cumplir esta función, los programas deben cumplir con tres características esenciales: Estar bien diseñados, tener cobertura suficiente de la población objetivo y estar bien aplicados en la práctica.
Desafortunadamente la gran mayoría de los programas sociales en México no cumplen con ninguna de estas características esenciales. Más de 80 por ciento de los programas estatales carecen de institucionalidad básica.
Los programas federales cumplen con la institucionalidad básica, pero tienen serios problemas de diseño. Entre 2012 y 2018, los programas opacos, dispersos y con escasos resultados fueron los que más aumentaron presupuesto, al pasar de 268 mil millones de pesos en 2012 a 528 mil millones de pesos en 2018, según datos del Índice de Desempeño de los Programas Sociales (Indep) de GESOC.
Un buen diseño requiere la definición precisa del problema público a resolver, del objetivo a lograr y de las acciones para cumplir con el objetivo. Suena simple, pero muchos programas se basan en ocurrencias y confusiones. La Cruzada contra el Hambre es un triste ejemplo.
La cobertura de la población objetivo debe ser suficiente para lograr un impacto en el programa a resolver. Cuando el presupuesto sólo permite atender a una minoría de la población objetivo, los programas no pueden lograr el resultado esperado, aunque tengan diseño adecuado.
La "práctica" es la prueba de fuego. Muchos programas declaran objetivos precisos y acciones lógicamente alienadas a lograrlo y buena cobertura, pero su práctica dista de ser adecuada. La selección de participantes se sesga por motivos políticos, no hay suficiente capacidad institucional, la provisión de servicios o beneficios queda incompleta, por lo que el diseño no se cumple en la realidad.
En la mayoría de los casos la razón del fracaso es política. Los gobernantes realizan programas por motivos que no son sociales: para simular que se actúa cuando el problema "estalla" como escándalo de opinión pública. O peor aún, para generar clientelas electorales que puedan ser movilizadas bajo presión. La soberbia también contribuye cuando se desprecia la evidencia de datos y evaluaciones.
La transformación estructural y de largo aliento que México requiere es la creación un sistema universal de protección social, como derecho de las personas y no como prestación laboral, como es hoy la seguridad social. Mientras tanto, en lo inmediato desde la sociedad civil debemos exigir que los programas sociales funcionen bien.
Para saber si el gasto social produce resultados es indispensable el acceso a la información pública conforme a la Ley de Transparencia y contar con evaluaciones externas rigurosas, que es el mando del Coneval. Por ahí se puede empezar.
