¿Tenemos exceso de notarios en Coahuila?
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El otorgamiento de patentes notariales en Coahuila, se ha dicho en innumerables ocasiones, es uno de los islotes de discrecionalidad excesiva que persisten en Coahuila. O al menos eso pareciera evidenciar la polémica que al final de cada sexenio se registra ante la posibilidad de que nuevos fedatarios públicos se sumen a la ya muy larga lista de los existentes.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Armando Prado Delgado, existe “un exceso de fíats” en la entidad e incluso algunos de ellos se habrían otorgado en circunstancias irregulares pues, al menos en 2016 algunos de los 41 abogados que recibieron una patente “incumplían muchos requisitos, y aún así los dejaron pasar”.
Habría que creerle al declarante, pues seguramente sus afirmaciones están basadas en hechos que han sido verificados por el Colegio que preside y además, la inconformidad que dicha institución ha manifestado en forma recurrente en los últimos años parece encontrar respaldo en la Ley del Notariado de Coahuila, según la cual en la entidad debería haber, como máximo, un fedatario por cada 20 mil habitantes.
De acuerdo con las cifras censales, Coahuila tiene poco más de tres millones de habitantes, pero el número de fíats que actualmente se encuentran vigentes –264– implicaría que tuviéramos una población al menos 70 por ciento superior a la actual.
Es de llamar la atención, sin embargo, que la posición declarativa del Colegio de Notarios de Coahuila no haya sido nunca acompañada de algún recurso legal que impida la presunta violación de la Ley que se denuncia. ¿Por qué, si el Colegio de Notarios considera indebido el otorgamiento de fíats no se ha opuesto legalmente a dichas decisiones?
Valdría la pena saber si esos notarios, a quienes de acuerdo con las declaraciones de Armando Prado, se les otorgaron patentes a pesar de que “incumplían muchos requisitos”, forman actualmente parte del Colegio que él preside.
Si este fuera el caso, ¿cómo es que el Colegio de Notarios está dispuesto a aceptar en sus filas a un fedatario que, en concepto de dicho gremio, está incurriendo en un acto ilegal?
A los ciudadanos debe interesarnos el tema, desde luego, pues estamos hablando de quienes tienen, por delegación del Estado, la responsabilidad de dar fe de actos trascendentes para múltiples actividades públicas y privadas que requieren, por ley, ser sancionadas con la intervención de un notario.
Los notarios actuales tienen todo el derecho de defender su posición, desde luego, pero también tendrían que ser los primeros obligados a clarificar por completo la forma en la cual opera dicho gremio. Tan inaceptable es que el Gobierno incumpla con la normatividad, distribuyendo fíats a discreción, como que dicho gremio “tolere” la actuación de presuntos fedatarios “espurios”.
Valdría la pena, en este sentido, que se abriera una discusión pública para analizar la legislación de la materia y la actividad de quienes tienen depositada en sus personas la fe pública.