Transparencia: vacantes y designación (2)

Hace poco menos de un mes se comentó, en este espacio, sobre dudas inherentes al procedimiento para seleccionar a quienes despacharían en el órgano existente para la transparencia en Coahuila (ver, por favor, “Transparencia: vacantes y designación” en VANGUARDIA, octubre 22).

En esencia, se afirmó que, si bien en apariencia tantos pasos y filtros parecían garantizar los mejores perfiles, quedan tantos huecos que no queda más que dudar. A toro pasado, como se dice, aquella afirmación se sostiene. 

Por razones de espacio, apenas un par de muestras. 

Del examen presentado sólo puede saberse si los interesados acreditaron, no acreditaron o no presentaron. Es decir, entre quienes pudieron ser designados, no se puede saber quiénes eran más idóneos en términos de conocimientos. Esto, si bien atendería a la lógica política de no causar desgaste a quienes tomen la decisión, desvirtúa la naturaleza de presentar un examen de conocimientos. 

Quien quiera conocer la calificación obtenida tendría que hacer una solicitud de información. Pasados todos los días, lo único que recibirá es una negativa argumentando que son “datos personales”, que se trata de información referida a la vida personal de los sustentantes. 

Error choncho todo ello, me parece. Saber qué tanto saben los designados, es de interés público. Saber por qué el Congreso prefirió, por ejemplo, a uno que aprobó muy apenas el examen sobre otro al que le sobró conocimiento debe ser asunto público… Luego se dan las “casualidades” de que queda la comadre del diputado o el hijo del influyente.

El acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado de fecha 26 de octubre dice que se publique “bajo la leyenda de Acreditado a quienes hayan obtenido una calificación mayor a 80 puntos sobre 100 y No Acreditado a quienes su calificación  haya sido menor a 80 puntos”. Esto, mucho ojo, se decide dos días después de haber recibido los resultados enviados por la Universidad. 

Los legisladores pudieron saber las calificaciones antes de tomar esa decisión. O dicho de otra manera: por conocerla fue que se tomó la decisión. 

¿Cómo justificar calificaciones apenas suficientes cuando se tienen años trabajando en el órgano de transparencia? ¿Cómo entender exámenes impecables cuando el tema nunca ha sido de tu interés?

A nivel nacional, las mejores prácticas publicitan los resultados de las evaluaciones. Si, al final, la persona seleccionada no es la de mejor calificación queda en manos de la autoridad argumentar las razones. Acá, en Coahuila, también quedaron a deber ese paso.

Quienes participan, deciden el camino del escrutinio público; firman su consentimiento. Por eso las comparecencias son públicas y hasta transmitidas por internet. Por más criterios que la Corte y Tribunales quieran poner para justificar su respuesta, las calificaciones deben ser públicas… lo contrario sólo le apuesta al cansancio de los interesados. Y no pasa nada, así ha sido la transparencia en Coahuila.  

Ocuparse por los resultados es apenas una parte. La cadena que involucra quién hace el examen, cómo se reproduce, cómo se transporta y quién califica, es una caja negra. Sólo los muy allegados conocen las respuesta… y eso genera una competencia desleal. 

Más o menos sucede lo mismo, dicho sea de paso, con los esfuerzos que tratan de purificar Gobiernos que sobreviven enfermos. Si el sistema de sostiene por los favores y complicidades antes que por la virtud y capacidad, con lo que se trabaja es con peones. Ilustrados, tal vez… pero peones al fin. 

En fin. Nada nuevo bajo el sol.