Una Constitución basada en derechos humanos

Actualmente existen dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dos cuestiones que vale la pena comentar como un avance importante para el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos en nuestro país.

Nos referimos en un primer plano a la denominación como derechos humanos. Desde su primer artículo la Constitución refiere a los derechos fundamentales como derechos humanos al establecer “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...”.

 El hecho de referirse la Constitución a un reconocimiento de estos derechos implica la creencia de que estas prerrogativas existen con anterioridad a la Constitución y al Estado por su naturaleza propia. Es por ello que estos derechos deben considerarse como la directriz de la actividad de nuestro país, y toda su acción debe estar encaminada siempre a protegerlos, respetarlos y sancionarlos.

 En segundo plano debe tenerse en cuenta la garantía de protección de estos derechos. En este sentido estimamos que su protección, más que una cuestión de contenido de la Constitución, es más bien una cuestión de actitud de las autoridades y gobernantes de no anteponer estos derechos a aquellas decisiones y acciones gubernamentales en la resolución de los problemas que aquejan a la sociedad.

 De acuerdo a lo anterior, resulta entonces importante comenzar a fomentar la cultura de un nuevo constitucionalismo mexicano en donde se le interprete no sólo como un conjunto de normas, sino también como un cúmulo de principios y valores de y para las personas. 

Nuestra Constitución más que una norma, es cultura cívica que fomenta los valores fundamentales de los seres humanos.

A final de cuentas, nuestra Constitución fija las reglas de convivencia entre personas, y regula, inclusive, las relaciones entre las distintas entidades federativas, todo ello para ser posible la formación social de las personas que habitan en este país, razón por la cual su prioridad así como el de las autoridades deberá ser siempre los derechos humanos.

Creemos que esto implica un buen avance en materia de derechos humanos, nuestra Constitución, como ya se dijo, no sólo los contempla, los reconoce; ¿estará nuestro país y nuestro Estado de Coahuila a la altura de esta Constitución para protegerlos, respetarlos y en su momento sancionarlos?

gerardo@molina-garza.com

El autor es investigador del Centro de Posgrado y Capacitación de la Academia IDH.

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH.