¿Popularidad o populismo?

Las pasadas dos semanas han sido de mucha intensidad política para el habitante de Palacio Nacional. Desde escándalos como el del Lozoya, acusado de mil cosas, pero cenando tranquilamente como diciendo “quien nada debe, nada teme”, hasta la búsqueda de apoyo por parte de los partidos políticos para su ahora ley de ingresos y la famosa reforma o contrarreforma eléctrica.

Sin embargo, se ve claramente la estrategia política presidencial rumbo al 2024 en tres grandes asuntos que, a simple vista, no se sabe cómo clasificarlos si como elementos populares o como populismo puro. Estos son la ley de ingresos; el decreto presidencial para legalizar los autos ilegales (chocolates), y la promoción hasta el cansancio de la reforma eléctrica.

La ley de ingresos ya pasó por la Cámara de Diputados y fue aceptada por la mayoría de Morena y sus aliados. Sólo falta que pase a la Cámara de Senadores para su ratificación y el daño estará hecho. Lo que más llama la atención es que la ley está totalmente enfocada a dañar a la clase media que vuelve a ser la que paga las necesidades de recursos del gobierno y se le carga la mano. Para los informales, todas las ventajas posibles, ya que con el régimen simplificado de confianza sólo tendrán que pagar entre el 1 y el 2.5% de impuestos. En su concepción, es una buena idea, porque se busca incorporar cuando menos al 30% de las empresas informales que ya son negocios perfectamente establecidos. Además, daría a las empresas y empresarios la posibilidad de pedir créditos a la banca, acceso a recursos gubernamentales de capacitación, entre otras cosas. El problema es que no se ve realmente que una empresa que ya lleva tiempo en la informalidad sienta la necesidad de volverse formal, a menos que haya vigilancia fiscal más severa para obligar al pago de impuestos. Esto no sucederá jamás porque sería un golpe político a las aspiraciones de mantener a Morena en el poder.

También dentro de la ley de ingresos llama la atención que las donaciones tendrán límites más bajos y formarán parte de una sola bolsa de deducciones, lo que disminuirá claramente las aportaciones que hacen personas físicas y empresas a organizaciones de la sociedad civil. Se sabe que éstas no son del agrado del Presidente y ahora serán castigadas severamente pues las donaciones competirán contra las deducciones de pagos de colegiaturas, gasolinas, etc. Por ejemplo, los CRIT recibirán menos recursos porque habrá menos donaciones y como consecuencia atenderán a menos personas. Con esta situación, los sistemas de salud federales y estatales tendrán que atender esa parte que la sociedad había tomado como su responsabilidad, y de acuerdo a lo que se ha visto, los resultados no parecen ser alentadores.

El decreto de legalización de los famosos autos “chocolate” no sorprendió a nadie, es más, era esperado porque la situación es inmejorable para una jugada política extraordinaria como ésta. Al haber una escasez de autos nuevos y usados por la falta de semiconductores, y el incremento de precios que se dio por obvias razones, la liberación de restricciones para importar autos cayó como “anillo al dedo”. De acuerdo a estimaciones gubernamentales (por obvias razones no hay forma de llevar un control para su contabilidad), existen tres millones de autos ilegales en su gran mayoría circulando en los estados fronterizos. Sin pensar mal, dicen los expertos políticos, cada auto asociado a un propietario sería un voto potencial en el 2024. Popular o populista, este decreto traerá consecuencias económicas, unas buenas y otras malas. En el primer caso, los talleres automotrices harán su excelente negocio porque estos carros ilegales, más los que llegarán con la noticia, en su mayoría tienen algún defecto y por ello son bajas del parque vehicular de Estados Unidos que es de donde vienen. Se venderán también más llantas y autopartes lo que será la delicia de las refaccionarias, y ni que decir de las aseguradoras que de la noche a la mañana tendrán tres millones de pólizas más que vender. Por el lado negativo, se dará una “chatarrización” del parque vehicular que aumentará al menos dos años, pasando de 9 a 11 en su edad promedio. Esto tiene como consecuencia el aumento de la contaminación en las ciudades, embotellamientos, más accidentes automovilísticos al estar los autos en malas condiciones, aumentos de las primas de seguro y desde luego, una mayor cantidad de autos inservibles al final de su vida útil, que se quedarán a contaminar en México y no en Estados Unidos.

El intento de influencia de la opinión pública por parte de los diferentes personajes involucrados en el tema de la reforma eléctrica ha sido tenaz y enfocado a los que menos participación tienen en este asunto, los ciudadanos que pagan su energía eléctrica para sus hogares. El discurso, tendencioso y carente de evidencia como siempre, se orienta a decir que las empresas pagan menos luz que las personas en sus casas. Lo que no se dice es que las empresas generan su propia energía y que invirtieron millones de pesos para ello. Tampoco se dice que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene en este momento la capacidad de abastecer a México al 100% de los requerimientos. Además, es más que ineficiente pues mientras que la producción particular de luz cuesta en promedio 400 pesos el Kw/hora, la CFE produce a mil 300 pesos. Allí están los datos disponibles porque son públicos. Esto no es lo importante, sino que la discusión se ha dado en decirle al ciudadano que la electricidad casera será más barata con la propuesta presidencial cuando la realidad es que dentro de la reforma no hay absolutamente nada que afecte directamente el precio de luz para los hogares, nada. Lo que es peor, de ser aceptada la reforma, los precios irían al alza pues al ser un único comprador de electricidad (monopsonio) no habría incentivo para mejorar la productividad. No hay un solo caso documentado en el mundo donde estos esquemas funcionen correctamente.

La participación gubernamental en los energéticos en este momento de la historia no es recomendable, ya se está viendo con el gas. Ni bienestar ni precios bajos, desde que el gobierno intervino en ese mercado, sólo hay problemas en la ciudad de México. Hay que recordar que la debacle económica de Venezuela y de Cuba empezaron con el control de los energéticos, pues la inversión se va. La International Chamber of Commerce México argumentó que, de aprobarse la reforma eléctrica, se perderían 44 mil millones de dólares en inversiones privadas en el sector eléctrico. Hay que voltear a ver esos ejemplos desastrosos del control de la energía antes de que sea demasiado tarde. Si el Presidente quiere ser popular, debe cambiar, si el Presidente quiere ser populista, va por buen camino.