¿Qué pasó?

A las mexicanas y mexicanos: El pasado domingo se discutió la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, así como dos modelos económicos y de Nación. En la Cámara de Diputados no se logró la mayoría calificada para que la reforma constitucional culminara con éxito su proceso legislativo; sin embargo, Morena no tuvo una derrota y la oposición no obtuvo una victoria, sólo perdió el pueblo.

El problema de fondo que pretendía corregir la reforma era el saqueo de los recursos nacionales, evitando que las empresas extranjeras se apoderaran de todo el mercado eléctrico dejando a la sociedad a merced de éstas, y eliminar la absurda disposición de que la CFE tenía que comprarle a los privados energía, aunque no la necesitara, a los precios más altos del mercado y además prestarles la infraestructura para transportarla. Para lograr el cometido, el Estado tenía que asumir la rectoría de todo el proceso de generación y distribución, a fin de asegurarle a toda la población un servicio confiable, permanente y a tarifas justas.

El objetivo de la reforma del Presidente era frenar la subordinación del Estado a las empresas trasnacionales, y evitar prácticas corruptas de las sociedades de autoabasto y de los certificados de energías limpias para dar paso a una verdadera transición energética, privilegiando las energías limpias.

Afortunadamente, tenemos un Estado de Derecho y el Poder Judicial resolvió mantener vigentes las reformas realizadas por la administración actual a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que significa un importante avance, toda vez que el criterio para resolver las controversias sobre los contratos leoninos que heredó el gobierno anterior ya no privilegiará el libre mercado sino el derecho humano a la electricidad, reconocido en diversos Instrumentos Internacionales de los que México es parte, lo que significa un parteaguas, pues más temprano que tarde se corregirán las deficiencias de todo el marco jurídico nacional.

La aprobación de las reformas a la Ley Minera en ambas Cámaras del Congreso para nacionalizar el litio, prohibir concesiones, licencias, contratos o permisos y establecer que su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo, es un paso decisivo que enruta a México hacia la seguridad y soberanía energéticas.

Y es que el marco nacionalista con que fueron concebidas las reformas no se agota en el discurso, pues es un asunto ideológico y de política pública, porque no se pueden eliminar las desigualdades ni detonar el desarrollo nacional si dejamos en manos ajenas la electricidad y el litio, ya que el uso de este mineral se ha incrementado exponencialmente debido a la producción de baterías recargables utilizadas en celulares, computadoras, vehículos eléctricos, etc.

Actualmente existen treinta y un concesiones de litio a empresas extranjeras que dieron las administraciones pasadas. Para poner en perspectiva el tamaño del saqueo, basta señalar que de acuerdo con Trading Economics, el valor del litio al 31 de diciembre de 2020 fue de 7 mil 145 dólares por tonelada y al 5 de abril de 2022 fue de 78 mil 066 dólares, lo que significa que en 16 meses creció su valor unas 11 veces; sin embargo, nuestro país no ha recibido ni un centavo.

Yo le pregunto a las y los lectores, nuestra Nación posee el yacimiento de litio más grande del mundo, ¿ustedes creen que el Presidente hizo lo correcto o debió optar por malbaratarlo a las empresas extranjeras? El sistema eléctrico mexicano es el segundo más grande de Latinoamérica, podría, por ejemplo, cubrir la demanda total de electricidad de Argentina sin problema alguno y solamente a través de la CFE, ¿necesitamos a las empresas trasnacionales?, ¿debió el Presidente cruzarse de brazos y seguir permitiendo que sigan robando a México?

Entonces, si ya sabemos qué pasó, ahora tenemos que hacer algo, no podemos ser una ciudadanía indiferente, hemos sido testigos de que las cosas sí se pueden transformar de fondo. La Nación somos todas y todos.