¿Qué valdría la pena conservar ante la Reforma Judicial?

Mucho se ha hablado de la reforma judicial que se avecina, en innumerables espacios se pone sobre la mesa el cuestionamiento respecto a si esta propuesta realmente fortalecerá o no la impartición de justicia, si servirá para mejorarla, si coadyuvara en hacerla mes eficiente, transparente o garantizara o no, de mejor manera los derechos de las personas.

Al respecto, me parece importante destacar que los principales puntos de la propuesta presentada, de acuerdo a la información publicada en la página del Gobierno de la República, se resumen en: nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación orientada a la eficiencia, austeridad y transparencia; elección popular de ministros, magistrados y jueces en orden a la legitimidad democrática; sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos administrativos y disciplinarios independientes; y, nuevas reglas procesales para una justicia expedita y equilibrio entre los poderes.

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Sin duda son cambios sustanciales y profundos que afectarán, de una u otra manera, no sólo a los órganos de impartición de justicia, sino a los justiciables; ante las diversas reacciones a la mencionada propuesta y a fin de escuchar todas las voces se propuso la realización de diálogos regionales con las siguientes temáticas:

27 de junio: ¿Qué poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?

1 de Julio: Conformación y reorganización del Poder Judicial. Nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, duración del cargo de jueces, magistrados y ministros y régimen de responsabilidades.

2 de julio: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial.

9 de julio: División de poderes: medios legales y constitucionales.

12 de julio: Reformas al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración.

23 de julio: Tribunales de Justicia local.

30 de julio: Elección popular de integrantes del poder judicial; legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación-, proceso electoral; elección e impugnación de candidaturas y mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios.

6 de agosto: Defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía8 de agosto: Impartición, procuración de justicia y seguridad pública

Muchos temas trascendentes para analizarse en pocos días; seguramente, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de los órganos de representación popular y los propios integrantes de los poderes judiciales se darán cita para analizar y discutir cada una de los contenidos de la reforma que se presenta; sin embargo, me parece importante que la ciudadanía esté informada de la actual integración, funcionamiento y quehacer de las instancias jurisdiccionales, pero sobre todo de las distintas posturas, aristas, problemáticas reales que se pretenden solucionar con ella, para poder formarnos una opinión propia de su utilidad.

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Esta reflexión viene a cuento porque me parece que, así como hay cosas que deberían cambiar, corregirse y modificarse, también hay otras que valdría la pena conservar, porque no debemos olvidar que la tarea de impartir justicia requiere perfiles profesionales altamente técnicos y especializados, lo que no se puede negar que se construye actualmente a través de la carrera judicial, que tiene como objetivo justamente que las personas adquieran no sólo conocimientos en la materia en la cual se desempeñan, sino experiencia en el ardua tarea de impartir justicia y garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía.

Será muy interesante observar el desarrollo de la discusión en los próximos días, para tener más claro si lo que se plantea es una posibilidad de mejora o si está lejos de resolver las necesidades actuales en la materia.