Reforma pensionaria: ni expropiación ni robo

Una condición para que los adultos mayores continúen su desarrollo integral es el ingreso económico suficiente, con un sistema de pensiones justo y efectivo, que permita el cuidado y preservación de la salud, vivienda digna, alimentación sana, recreación, libertad religiosa, entre otras.

Sin embargo, por los avances científicos que han extendido la esperanza de vida y la tendencia de disminución de los nacimientos, los sistemas pensionarios en el mundo enfrentan dificultades presentes y futuras.

Desde mediados del siglo 20 se diseñaron y aplicaron pensiones solidarias, es decir, en tanto avanzaban generaciones productivas, aportaciones presentes en un fondo general sostenían ingresos económicos de personas en retiro. Por lo anterior, surgió la idea de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, con perspectiva de responsabilidad personal provisoria.

El ahorro individual para el retiro inició en Chile en 1981, y en México surgió en 1997 con modificaciones a la Ley del Seguro Social, que estableció Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), precisamente para administrar los recursos individuales de las y los trabajadores, empresas especializadas en fondos de inversión rentables (Siefores) donde se colocan los recursos ahorrados, intermediación por la cual obtienen ingresos por comisiones (en 2023 su utilidad bruta fue de 9 mil 616 millones de pesos).

Sin embargo, la experiencia muestra que este sistema no garantiza ingresos que provean para una vida digna en retiro, porque lo máximo que se puede obtener es 40% del último sueldo o salario de la persona pensionada.

La Ley para el Fondo de Pensiones para el Bienestar aprobada por mayoría simple (por Morena, PT y Verde) el 22 y 25 de abril, respectivamente, en las Cámaras de Diputados y Senadores (rechazada por PRIANRDMC), prevé que se obtenga 100% del salario al momento del retiro. Específicamente, para personas que aplican por la ley 97 (jubilación a 65 años) y cuyo ingreso sea igual o menor al salario promedio registrado en el IMSS de 16 mil 777 pesos mensuales, la pensión se integrará por su cuenta individual Afore -no desaparece- y por el Fondo financiado por 25% de utilidades en entidades paraestatales sectorizadas en Sedena y Semar -como AIFA o Tren Maya-, por ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y, mayoritariamente, por poco más de 40 mil millones de pesos de ahorros no reclamados en las Afores, que deben transferirse a la seguridad social (alrededor de 260 mil cuentas inactivas, cuyo titular registra 70 años o más; cotizantes del ISSSTE 75 años).

Este traslado de fondos no es expropiación, solo que por ley se formaliza, ya que desde 2020 las Afores han transferido 368.6 millones de pesos de recursos sin reclamar. Además, las cuentas son imprescriptibles y se puede solicitar la entrega de recursos, en tanto se compruebe la posesión de persona pensionada o beneficiarios, o por permanencia activa a los 70 años o más.

El Fondo será un fideicomiso público, constituido por el Banco de México como fiduciario encargado de los recursos y por la Secretaría de Hacienda para ejercerlos, etiquetados solo para el objetivo pensionario, nunca para financiar infraestructura pública u otras actividades de gobierno.

El fideicomiso integrará un comité técnico, constituido por las autoridades financieras señaladas y otras, para emitir reglas de operación sobre recepción, administración, inversión rentable, rendimientos financieros y entregas.

No se precisa si el complemento para las generaciones 97 cubrirá 100% de su último salario, pero sí advierte que dicho apoyo dependerá de la suficiencia de recursos y reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda. En un Estado gerencial la dignidad de personas adultas mayores no es importante, para el Estado de bienestar sí es un objetivo. El riesgo es que el financiamiento para pensiones no se sostenga en el largo plazo.

Por lo anterior, la perspectiva apunta a la necesidad de una reforma fiscal progresiva y equitativa para aumentar la recaudación fiscal. Dicho incremento se garantizará si hay crecimiento económico, con redistribución de riqueza -salario y transferencias sociales- y obra pública productiva, para impulsar el mercado interno. El reto no es sencillo.