Reglas de paridad: el problema es la hipocresía

Opinión
/ 16 julio 2022
true

En los últimos días, varias personas me han solicitado explicarles cómo está eso del acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre las candidaturas a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México del año próximo. Me ha llamado la atención, sobre todo, la manera en la cual se cuestiona al respecto:

“Entonces, ¿Manolo (o Mejía, o Guadiana) sí va a poder ser candidato?”. Palabras más, palabras menos, el cuestionamiento es el mismo y evidencia “lo importante” para el interlocutor: descubrir cómo la regla puede adecuarse para favorecer los intereses de una persona concreta y no para cumplir con un propósito genérico.

No es extraño: desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, las características fundamentales de la actividad política han sido la hipocresía y el cinismo y en ellas se han inspirado prácticamente todas las reformas electorales realizadas a nivel local y federal.

La razón de esta conducta tampoco es extraña, aún cuando debiera provocarnos repulsa: los grupos políticos -de cualquier partido-, una vez encaramados al poder, son incapaces de sustraerse a la tentación de manipular las reglas para generar un sistema normativo capaz de producir un solo resultado: el conveniente para sus intereses materiales personales.

Así se construyó la más o menos fracasada reforma constitucional local mediante la cual -mintiendo descaradamente- se aseguró estar buscando garantizar la llegada de una mujer a la titularidad del Poder Ejecutivo en Coahuila. Lo de “más o menos fracasada” lo explicaré en otra entrega pero conviene dejar la idea por escrito para recordarla en su momento.

Volviendo al tema: ¿cuál es el propósito del INE con la introducción de la “competitividad electoral” tan mencionada en los últimos días? Uno muy simple: asegurar la llegada, el 4 de junio próximo, de al menos una mujer más a una gubernatura.

No es un capricho, por cierto, sino el cumplimiento de normas constitucionales y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los detalles técnicos, sin embargo, son complejos de explicar e intentarlo no ayuda a comprender mejor lo esencial. No gastaré espacio en eso.

Pero, ¿cómo el INE podría “garantizar” el triunfo de al menos una mujer en los comicios del año próximo? Para explicarlo voy a dejar el espacio teórico y me centraré en la realidad: en los comicios de 2023, dos -y solo dos- partidos se van a disputar el triunfo en las urnas: el PRI y Morena. Esto es un hecho y eso ayuda a comprender mejor el tema.

Las reglas planteadas por el INE pretenden obligar a los partidos a postular una mujer ahí donde sean más competitivos, es decir, donde tengan más posibilidades de ganar. Entonces, el único resultado posible del ejercicio es ver a una mujer por el PRI, y otra por Morena, postuladas al cargo en Coahuila y Edomex, ambas con posibilidades reales de triunfo.

En otras palabras, cuando Morena y el PRI definan en cuál Estado tienen más posibilidades de ganar deberán postular allí a una mujer. Y En principio ambos partidos no pueden llegar a la misma conclusión, es decir, no pueden tener ambos mayores posibilidades de triunfo en la misma entidad.

Pero incluso si ocurriera esto último (y el INE lo tolerara), ya estaría logrado el propósito de la regla, pues entonces ambos partidos postularían mujer ahí y habría una nueva gobernadora en el país.

No es una regla con “dedicatoria” ni diseñada a modo. Es una para avanzar en el propósito de garantizar la paridad sustantiva. Los partidos, sin embargo, buscarán la forma de sacarle la vuelta, de pervertirla y de incumplir su propósito... porque las plutocracias partidistas no están del lado de las mujeres, ni tienen interés en cederles espacios.

Por eso se les han venido arrebatando.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

Temas



Columna: Portal, periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM