Rescatar al régimen de partidos

Asombra la superficialidad del debate público respecto a los partidos políticos a la luz de la iniciativa de reforma “electoral” impulsada por el régimen. La Presidenta se envuelve, una vez más, en la bandera de la austeridad y del ahorro presupuestal para atacar la pluralidad y reducir la representatividad del Congreso mexicano. La propuesta oficial conduce a la sobrerrepresentación, contrario a la constante que, desde los años setenta, abrió la Cámara de Diputados a las fuerzas políticas opositoras. En aquel entonces, el registro condicionado al resultado electoral fue una respuesta ingeniosa para permitir la participación sin tener que dar a conocer los nombres de los afiliados en un país de represión bruta al disidente.

El debate gira en torno a las prerrogativas de los partidos y a la representación parlamentaria, logros sustantivos que el régimen pretende afectar en nombre del ahorro, a pesar de que el dispendio gubernamental y la corrupción son la constante. El financiamiento público no ha cumplido su objetivo de alejar a los partidos del dinero ilícito; el problema mayor no está en los partidos minoritarios, sino en el partido en el poder. El origen del contrabando de combustibles —una forma de corrupción sin precedente por su volumen y colusión institucional— fue financiar el gasto de campañas de candidatos de Morena. Los grupos criminales, como nunca antes, participan e interfieren en elecciones, y así se han hecho de gobiernos locales y municipales.

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Rescatar a los partidos no necesariamente remite a los existentes. Lamentablemente, uno de los efectos del sistema vigente ha sido el imperio de la partidocracia. A pesar de la crisis que enfrentan los dos partidos con mayor historia, sus dirigencias están muy por debajo de sus propios precedentes y de las exigencias que el país plantea por una oposición eficaz, representativa y vigorosa en el contrapeso al régimen.

Debe revisarse el sistema de partidos con base en la libertad de asociación y el derecho a ser votado. Es necesario desburocratizar el registro de partidos, que hoy condiciona la participación electoral. En la mayoría de las democracias del mundo, los partidos proliferan y pueden presentar candidatos prácticamente sin restricción, dejando en los ciudadanos la decisión sobre su futuro. En México, en cambio, se abre el registro cada seis años y se condiciona a la realización de eventos relacionados más con el dinero que con la representación política. Es más fácil reunir firmas para deponer al gobierno que para formar un partido. La discrecionalidad del órgano electoral persiste, ahora más, con la colonización del INE y del Tribunal Electoral por parte del gobierno, así como con la merma de su independencia y autonomía. Se han cerrado las puertas a muchas opciones en aras de requisitos y procesos absurdos. Es natural: los partidos existentes y el poder se resisten a la incursión de nuevas alternativas.

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Muchos abrigamos la esperanza de que Somos México alcance el registro. Sin duda cuenta con representatividad política de relieve y con calidad discursiva en un momento en que el debate público atraviesa sus niveles más bajos, afectando la capacidad de escrutinio al poder, una de las fórmulas más eficaces para contener el abuso. Los números que aportan acreditan el cumplimiento de la ley, aunque la discrecionalidad del INE y del Tribunal persiste como el mayor obstáculo.

La presidenta sostiene que eliminar la elección de legisladores por lista reducirá el control de los partidos sobre los cargos y favorecerá la voluntad de los votantes. Si ese fuera el caso, bastaría con desbloquear las listas para que accedieran quienes más votos obtengan; sin embargo, la intención parece ser la sobrerrepresentación de Morena, de modo que pueda alcanzar mayoría parlamentaria con un bajo porcentaje de votos y sin recurrir a sus aliados. Morena obtuvo 41 % de los votos; bajo la propuesta, podría alcanzar por sí misma la mayoría absoluta e, incluso, la calificada.

Tema fundamental para los partidos —elecciones, votos y cargos— es la representación y, por ello, resulta indispensable igualar el porcentaje de votos con el de escaños parlamentarios. Pero no basta. Hay dos aspectos esenciales: por una parte, garantizar el derecho de asociación y de participación electoral; por la otra, alejar a los partidos, particularmente al partido gobernante, del dinero ilegal de la corrupción y del crimen organizado, asuntos de la mayor gravedad que, como ninguno, envilecen la política y anulan el Estado de derecho.