Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?

Cada vez que se pone sobre la mesa la necesidad de combatir una conducta indeseable, lo primero que nos viene a la cabeza es la imposición de un castigo. Y cuando, a pesar de la existencia de aquel, la conducta persiste, lo que suele plantearse como solución es incrementar la sanción.

La imposición de medidas cada vez más fuertes ha llevado a algunas sociedades del mundo –entre las que estuvo durante algún tiempo la mexicana– a imponer la pena de muerte como máximo disuasor. Tal castigo, en teoría, tendría que conducir al abatimiento de la conducta que se busca combatir.

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que no es así... los delitos que se castigan con la pena de muerte, ahí donde existen, no han desaparecido y la existencia de tal condena solamente ha incrementado los costos fiscales que tiene el procesamiento de los imputados.

Las voces especializadas en el combate a las conductas delictivas sostienen por ello que la imposición de castigos no es la mejor ruta para combatir las conductas indeseables. Por encima de esta estrategia, en términos de eficacia, se encuentra la condena social.

Múltiples ejemplos existen de cómo el hecho de que los miembros de la sociedad condenen una conducta logra inhibir a quienes se ubican en la posibilidad de incurrir en ella. Por eso, tendríamos que repensar las cosas antes de entronizar al castigo como solución única.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la evolución observada en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, respecto del número de individuos que han sido incluidos en éste.

El citado Registro es un sistema de información, de carácter público, en el cual se concentran los nombres de quienes han sido condenados, mediante una sentencia ejecutoriada, por delitos relacionados con violencia contra las mujeres. El objetivo de dicho mecanismo es contribuir a evitar la reincidencia y proteger a las víctimas o potenciales víctimas.

Llama la atención, en relación con las cifras de dicho Registro, que Saltillo concentre el mayor número de personas inscritas, con 543, lo cual representa el 30 por ciento del total, que incluye mil 762 nombres. Enseguida se encuentra Torreón, con 272, es decir, apenas la mitad de los de Saltillo, aunque no tiene la mitad de habitantes.

¿Que Saltillo concentre el mayor volumen de nombres en el Registro implica que aquí ha disminuido la incidencia de los delitos que conducen a ser inscrito en este sistema? Para tenerlo claro, habría que contar con otros datos, pero la experiencia comparada señala en la dirección contraria.

Por ello, habría que considerar esfuerzos en otra dirección, señaladamente la relativa a generar una condena pública generalizada hacia dichas conductas, para empujar la transformación cultural que se requiere y lograr, en efecto, erradicar este tipo de manifestaciones en nuestra sociedad.