¿Si nos corren del T-MEC? Estas serían las consecuencias para México

El tema principal en el ámbito económico es la posible expulsión de México del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La razón es que para Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, las empresas chinas están utilizando a nuestro país como plataforma para exportar productos hacia allá, sin cumplir con los requisitos de contenido regional. Dice Trump que tampoco estamos haciendo nada para detener a los migrantes que llegan en masa a su país y, por si fuera poco, somos “productores de grupos narcoterroristas”.

Para acabar de completar el cuadro, los canadienses han hecho declaraciones donde literalmente nos hacen menos, o sea, no estamos al nivel de ellos de acuerdo a sus argumentos. Con todas estas declaraciones por parte de nuestros todavía socios comerciales, hay quienes ya especulan que México podría ser dejado a un lado, en lo que se refiere a un futuro bloque económico como el que hasta ahora se tiene. ¿Qué pasaría si nos corren del acuerdo comercial por elementos “indeseables”?

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Para empezar, el tipo de cambio sería la primera variable que se vería afectada de forma inmediata. Habría un aumento considerable, ya con estimaciones más serias se habla de que podría llegar cuando menos a 32 pesos por billete verde. Al haber menos comercio con condiciones preferenciales, la participación de México en el mercado de Estados Unidos y Canadá se daría una contracción en la llegada de dólares a nuestro país, el billete verde tendría un 20 por ciento menos de participación en la economía nacional y en consecuencia se tendría que pagar más por esa divisa por volverse más escasa. Asociado a este factor, habría un proceso inflacionario natural porque ahora los productos importados de los vecinos del norte vendrían con aranceles y con precios generales, tendríamos que pagar más por ellos y dado que somos consumidores de tecnología, electrónica y todo un sinfín de productos, los costos de producción de los propios productos nacionales también aumentarían de precio porque forman parte de nuestra cadena de valor.

Estimaciones generales de algunas universidades nacionales hablan de una burbuja inflacionaria de hasta 15 por ciento de aumento en precios posterior a la simple declaratoria de expulsión y podría haber aumentos posteriores en un 10 por ciento si no se encuentran mecanismos de corrección inmediata vía política fiscal (reduciendo impuestos) o vía política monetaria (reduciendo la tasa de interés). En el caso de la corrección vía fiscal, el gobierno es casi seguro que no podría hacer nada porque no tiene dinero y en consecuencia, no podría reducir los impuestos a las empresas porque se caería la captación fiscal.

En lo referente a la política monetaria, se reduciría la tasa de interés para hacer más barato el dinero y de esa forma compensar el sobreprecio derivado de los aranceles. Por otra parte, bajar la tasa de interés cuando el tipo de cambio aumenta por la alta demanda de dólares sería desastroso para la economía, por lo que tampoco es una forma adecuada de corregir el desbalance. En esta ocasión, dudo mucho que el presidente Trump quiera prestarnos dinero para salir del problema como en su momento lo hizo Bill Clinton, quien durante la crisis de 1995 nos prestó 55 mil millones de dólares y gracias a esto, la crisis terminó en un par de años.

El empleo también tendría consecuencias, sobre todo en las zonas fronterizas. El cierre de algunas empresas que verían más rentable estar al otro lado del río Bravo, dejaría cuando menos a un 25 por ciento de la fuerza laboral desempleada de la noche a la mañana en los estados del norte de México, donde más inversión norteamericana y canadiense hay.

Abruptamente también el salario real disminuiría por el exceso de trabajadores desocupados que, mientras encuentran trabajo en una economía en desequilibrio, tendrían que aceptar informalmente oportunidades laborales o empleos de menores salarios. No hay que olvidar que las empresas transnacionales pagan en promedio entre un 15 y un 25 por ciento más que las empresas nacionales. El sistema pensionario también enfrentaría problemas importantes, pues es seguro que una parte de la masa laboral despedida podría estar en edad de retiro y entonces el gobierno tendría que pagar grandes sumas de dinero, descapitalizando a las instituciones involucradas en este asunto, como el IMSS o el ISSSTE que dependen del presupuesto federal.

Como se ve, las propias finanzas públicas estarían en un serio problema porque todo indica que son el único medio bajo el cual el sistema económico nacional puede volver al equilibrio. Habría una cantidad no determinada, en este momento, de trabajadores que también retirarían una parte importante de lo que tienen ahorrado en su fondo de retiro para poder sobrevivir en lo que encuentran trabajo nuevamente, como ya ha pasado en situaciones de crisis aquí en México. La consecuencia es que esa gente tendrá una pensión muy baja, que sería completada por parte del gobierno federal, pero como quiera, sería una cantidad de personas que tendrían una vejez muy limitada en cuanto a lo que se refiere al ingreso disponible y sus posibilidades de consumo.

La productividad de las empresas mexicanas también se vería comprometida porque los insumos importados y las máquinas y herramientas compradas en el extranjero también se encarecerían por un dólar más caro. Habría que buscar la forma de generar una reducción en el indicador trayendo estos factores productivos de otros países con los que no tenemos acuerdos comerciales y podríamos enfrentar tiempos aduanales más largos, una logística más complicada y mayores costos de implementación. A lo mejor se podrían encontrar productos para nuestra cadena de suministro más baratos, pero con manuales de operación en idiomas que no conocemos, o cuyos medios de operación no son compatibles con los nuestros.

El panorama no se ve bien, pensando en que ambos países (Canadá y EU) permitan continuar en el tratado a México, hay amplias posibilidades de que no participemos como socios con membresía completa. Se dice que Estados Unidos y Canadá dejarán ciertos beneficios limitados a nuestro país, pero no tendremos acceso a todo lo que hasta ahora tenemos porque no hemos cumplido cabalmente con lo que se nos pidió para pertenecer al “club del desarrollo”, empezando por la abolición recién llevada a cabo de los organismos autónomos que fueron creados en 1994 para dar certidumbre a las empresas internacionales provenientes de los países signantes del tratado, tampoco hemos cumplido con el pago de 12.5 dólares la hora, como salario base en la industria automotriz, ni con la premisa básica de no dar protección a las empresas estatales, sino permitir la competencia internacional. Esto se hizo desde el sexenio pasado cuando el expresidente López creó mecanismos para blindar el sector eléctrico y solo permitir a la CFE la producción de energía eléctrica, en clara violación a lo establecido en el T-MEC.

Así, no hay manera de argumentar nada. La Presidenta debe hablar menos, analizar más y proponer acciones ejecutables y generar compromisos inmediatos para que nuestros socios comerciales, todavía, recuperen la confianza en nosotros. Caso contrario, tenemos que marcharnos porque no cumplimos.