¡Terminó el show! La reforma judicial, ¿solución o sólo un retroceso?
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Por fin terminó el espectáculo. Se reformó la Constitución y, en consecuencia, el Poder Judicial habrá de transformarse como no lo hacía desde 1917. Como en muy pocas ocasiones, el show de la política compitió exitosamente con la industria del entretenimiento.
Hubo drama, expectativa, incertidumbre, traiciones, rasgado de vestiduras y mucha especulación. Independientemente del bando que usted defienda en esta pugna, lo cierto es que se cumplió con el proceso constitucional como establece el artículo 135 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, esto es, el aval de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes, y la mayoría (mitad más uno) de las legislaturas estatales.
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¿POR QUÉ SE NECESITABA UNA REFORMA?
Creo que casi nadie dudaba de la necesidad de reformar al Poder Judicial. Las diferencias entre los bandos se encuentran en los detalles. Sólo algunos despistados se fueron por la tangente, entre ellos, los líderes de la oposición.
La justicia en México no sirve y no servía para mucho. La penal, en particular, es un batidero asqueroso. El 99 por ciento de impunidad y la prisión sin condena no tienen defensa posible.
La impartición de justicia en México es tortuosa y lenta, nunca ha sido pronta ni expedita.
El aparato de justicia mexicano es mayormente corrupto, como lo es todo el sistema político en general.
La impartición de justicia en México es elitista, por tortuosa, corrupta e ineficaz; obliga al ciudadano a gastar mucho tiempo y dinero en abogados y en dádivas “en lo oscurito”. Recursos de los que sólo puede disponer una minoría con poder adquisitivo.
¿POR QUÉ ESTA REFORMA NO ES LA SOLUCIÓN?
La elección popular de jueces sin tocar la estructura y el marco legal del Poder Ejecutivo no resuelve los problemas de fondo. Es absurdo tratar de comparar esta propuesta de elecciones con lo que acontecen en los Estados Unidos, donde los jurados populares, integrados por ciudadanos comunes y corrientes, contrapesan el poder del juez.
Tampoco es que vayamos a ir tan atrás. Regresaremos al control político de los jueces federales y de la Suprema Corte, que se venía superando desde la reforma de 1995. Pero seguiremos con el control político de los jueces locales. Para ambos casos existirá un tribunal que sancione a los jueces. ¿Cree usted acaso que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, su presidente y los magistrados, no obedecen en todo y sin chistar al gobernador de Coahuila?
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Es necesario decir que la elección será sumamente compleja. En Coahuila, por ejemplo, habrán de elegirse 110 jueces, 16 magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado, 4 distritales, 3 del tribunal laboral y 3 del tribunal disciplinario. Ahí le encargo la logística y los gastos, la confusión y la anarquía a la hora de elegir a los jueces que habrán de impartir justicia.
En esta justicia local, que se imparte en los estados, es donde se determina el 95 por ciento de las controversias. Como en la práctica no ha sido muy útil, los ciudadanos acuden al amparo federal. La instancia federal había conseguido grandes avances en cuanto a independencia, imparcialidad y honestidad, pero todo eso hoy se tira a la basura.
Se trata, por último, de una reforma incompleta, pareciera que responsabiliza a los titulares del Poder Judicial de tanto desorden, pero sin tocar a las autoridades administrativas o a las fiscalías, que son tanto o más responsables de ese desorden. No tengo la menor duda de que las fiscalías de los estados y la General de la República tienen mucho mayor responsabilidad del cochinero que impera en todo el sistema de justicia. Tengamos en cuenta que jueces y magistrados tienen como única responsabilidad juzgar conforme a un marco legal dado y con base en las pruebas y argumentos que presenten las partes, una de las cuales son, precisamente, estas inoperantes fiscalías.
