Trump no está del todo incorrecto sobre México

Por Guillermo Ortiz, Project Syndicate.

CIUDAD DE MÉXICO – En varias entrevistas posteriores a la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela por fuerzas estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración “tendrá que hacer algo” respecto a México, el vecino del sur. Trump volvió a elogiar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificándola de una “persona extraordinaria”, pero insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país. Esa percepción se ha visto reforzada recientemente por revelaciones contenidas en la acusación contra Maduro, según las cuales el régimen venezolano transportaba cocaína desde Venezuela hacia México.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado en varias ocasiones con emprender acciones militares contra los cárteles y ha ofrecido enviar fuerzas especiales estadounidenses para acompañar a tropas mexicanas en operativos antidrogas. Sheinbaum ha rechazado de manera sistemática estas propuestas porque una intervención directa de Estados Unidos sería políticamente devastadora tanto para su gobierno como para Morena, el partido oficialista fundado y aún controlado por su poderoso predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Trump no se equivoca del todo al señalar que el crimen organizado ha ampliado de manera significativa su influencia en México y controla extensas zonas del territorio nacional. Aunque los datos precisos sobre la magnitud de la actividad criminal son difíciles de obtener, fuentes confiables indican que la expansión del crimen organizado se aceleró durante la presidencia de AMLO, una tendencia que persiste hasta hoy.

Además del narcotráfico y la trata de personas, los cárteles han desarrollado vastas redes de extorsión, que se han convertido en una fuente de ingresos cada vez más relevante tras el cierre efectivo de la frontera entre México y Estados Unidos a la migración indocumentada, y la consiguiente caída de los ingresos derivados del tráfico de personas. Informes recientes documentan un aumento sostenido de la extorsión en múltiples regiones y sectores de la economía, incluido el transporte de mercancías.

Mientras que AMLO optó por “pausar” la relación con la embajada de Estados Unidos en materia de seguridad, Sheinbaum ha buscado reducir tensiones con Washington mediante un mayor nivel de cooperación e intercambio de información con las autoridades estadounidenses sobre narcotráfico y otras actividades ilícitas. El Departamento de Estado y otros funcionarios de la administración Trump han elogiado públicamente esta mayor disposición del gobierno mexicano a colaborar.

Como parte de este esfuerzo, México ha extraditado a decenas de integrantes de organizaciones criminales hacia Estados Unidos, incluidas 37 personas a finales de enero. Sheinbaum también ha nombrado a un secretario de Seguridad Pública con experiencia y capacidad técnica para coordinar al Ejército y a la Guardia Nacional en labores de inteligencia, lo que ha derivado en enfrentamientos con cárteles de alto perfil y en la detención de numerosos líderes del crimen organizado.

El flujo de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, uno de los principales focos de la administración Trump, parece haberse reducido de forma considerable, (o al menos las incautaciones han caído de manera pronunciada). Los homicidios han disminuido, pero las desapariciones se han disparado, y el hallazgo el año pasado de un “campo de exterminio” operado por un cártel, en el que se presume que hubo reclutas forzados entre las víctimas, desató una ola de indignación pública ante el deterioro de la situación de seguridad.

Pese al aparente abandono del enfoque de “abrazos, no balazos” impulsado por AMLO y al aumento de la cooperación con Estados Unidos, los datos sugieren que el poder territorial y político de los grupos criminales continúa expandiéndose. Esa es, sin duda, la percepción tanto en la Casa Blanca como entre la población mexicana: en encuestas recientes, la inseguridad aparece sistemáticamente como una de las principales preocupaciones en México y en el resto de América Latina. Sin embargo, una intervención militar estadounidense sin el consentimiento de las Fuerzas Armadas mexicanas sería peligrosamente contraproducente, dañaría gravemente la relación bilateral y volcaría a la opinión pública mexicana en contra de Estados Unidos.

Además, sería ineficaz, dado que el contener al crimen organizado no depende solo de la fuerza armada, sino de romper sus vínculos con el poder político. Es ampliamente conocido que Morena ha recibido financiamiento de organizaciones criminales para campañas electorales en distintos estados y municipios a lo largo de los años. Asimismo, diversos actores relevantes del partido, incluidos gobernadores y legisladores, mantienen vínculos con los cárteles.

La respuesta lógica sería que el gobierno de Sheinbaum investigara y sancionara estos nexos. Sin embargo, muchos políticos con conexiones con el crimen organizado fueron impulsados por AMLO, y Sheinbaum parece incapaz, o renuente, a arriesgar una ruptura con su predecesor que fracture a Morena y ponga en peligro su gobierno. De cara a la elección intermedia de 2027, de la que depende la continuidad de su presidencia, Sheinbaum necesita intacta la maquinaria electoral del partido. (Dicho diseño institucional fue una trampa concebida por AMLO para preservar su control sobre Morena incluso desde fuera del poder).

Trump no enfrenta restricciones similares. Si realmente quiere debilitar a los cárteles mexicanos, debería concentrarse en exponer y sancionar sus vínculos con políticos de Morena, en lugar de presionar por una intervención militar. Los numerosos criminales extraditados a Estados Unidos seguramente han proporcionado información detallada sobre estas redes de colusión. La reciente revocación de la visa americana de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; el arresto de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero; y la remoción de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado, constituyen un inicio prometedor. Más investigaciones, detenciones y acusaciones formales podrían mejorar sustancialmente la relación bilateral.

Estas acciones debilitarían el control de AMLO sobre Morena, abriendo espacio para que Sheinbaum tome el mando del partido y amplíe la lucha contra el crimen organizado. A futuro, los incentivos de los políticos para colaborar con los cárteles disminuirían si supieran que ello puede traducirse en procesos judiciales y penas de prisión.

Un efecto adicional podría ser la fragmentación de la coalición gobernante, lo que abriría la puerta a una competencia política real y a un alejamiento de la deriva autocrática que AMLO imprimió al país. Es cierto que a Trump poco le importa la calidad de la democracia mexicana. Pero un sistema político más competitivo podría relajar las restricciones impuestas al sector eléctrico, en particular aquellas que limitan la inversión privada, un resultado que sería de claro interés para las empresas estadounidenses.

Más importante aún, una aplicación más creíble del Estado de derecho frente al crimen organizado mejoraría la percepción de México entre los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Dado que el estancamiento de la inversión es probablemente la principal causa del pobre desempeño económico del país en los últimos años, este cambio podría generar beneficios tanto para México como para Estados Unidos. Pero solo será posible si Trump enfrenta a los cárteles mediante presión política y judicial, no mediante la fuerza militar. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Guillermo Ortiz, exministro de Hacienda de México y gobernador del Banco de México, es copresidente del Grupo de Trabajo del G30 sobre América Latina.