UAAAN: ¿está en riesgo la calidad académica?
El derecho a la protesta es, en las sociedades democráticas, un elemento relevante del derecho a la libertad de expresión y
como tal debe ser garantizado por todas las autoridades. Pero la protesta, como todo derecho, tiene límites que también deben ser observados.
El comentario viene a propósito de lo ocurrido ayer en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro luego de registrarse una manifestación de alumnos que bloquearon durante algunas horas los accesos a dicha casa de estudios, en protesta por presuntos malos tratos y actos de acoso escolar por parte de un docente.
De acuerdo con la información conocida, los alumnos habrían argumentado que el profesor imparte sus clases “con una exigencia que corresponde a niveles de posgrado” y ello se habría considerado suficiente para destituirlo como responsable del programa docente de la carrera de Biotecnología impartida en dicha institución.
Sin embargo, un hecho trágico, ocurrido el viernes anterior, habría contribuido a que las autoridades universitarias tomaran una decisión que, a primera vista, se antoja excesiva: el suicidio de un alumno que tomaba clases con el docente suspendido.
La pérdida de una vida humana es, sin duda alguna, un hecho lamentable que no puede más que concitar la solidaridad de toda la comunidad para con los familiares y que debe analizarse en la medida que existan evidencias a través de las cuales puedan esclarecerse las razones que lo motivaron.
Y aunque los estudiantes, de acuerdo con la versión proporcionada por el rector Mario Vázquez Badillo, expresaron que su protesta de ayer no tenía que ver con el hecho, la coincidencia temporal de ambos sucesos, sí como la contundencia de la decisión tomada en la Antonio Narro, invitan a suponer que tal circunstancia pudo determinar el desenlace.
Con independencia de lo anterior, el que un catedrático universitario sea separado de su cargo solamente porque existen manifestaciones en el sentido de que es “muy exigente” no parece una salida sana, en términos de calidad académica, para una institución que aspira a la excelencia.
Es posible, desde luego, que una investigación seria e imparcial determine que el catedrático no realiza su trabajo con la mayor eficacia posible y que ello obligara a tomar medidas correctivas a fin de garantizar que el proceso de formación de futuros profesionistas efectivamente logre su cometido.
Pero eso no fue lo que ocurrió ayer, sino algo que suena indeseable: la destitución fulminante de un profesor universitario, sin cumplir con las formalidades que exige la Constitución y las leyes laborales, porque un grupo de estudiantes decidió manifestarse para presionar a la autoridad.
Decisiones como ésta, no solamente generan preocupación respecto de la calidad académica futura en la Antonio Narro, sino que sientan un precedente nocivo hacia cualquier docente que, cumpliendo con sus responsabilidades, exija un cierto desempeño de sus alumnos.
