Vejez y derechos humanos

La vejez es un destino biológico, se trata de la prolongación y conclusión de un proceso. Son los últimos años de nuestra vida en los que, inevitablemente, nuestro organismo presenta ciertas particularidades. Se dice que nuestro cuerpo de cierta forma va “declinando”.

Simone de Beauvoir lo explica de forma extraordinaria, como una idea ligada al “cambio”. La ley de la vida es cambiar. Y con el envejecimiento, las personas nos enfrentamos a un cambio fisiológico irreversible. Pero además, Simone plantea que la vejez, para ser entendida en su totalidad, no debe reducirse sólo a un hecho biológico, sino que hay que entender, también, su aspecto cultural.

Y sí, esto resulta fundamental, pues culturalmente la vejez ha sido definida y asociada a roles y estereotipos problemáticos. La condición de las personas mayores es impuesta por la sociedad a la que pertenecen y, generalmente, ha sido asociada a enfermedad, deterioro e imposibilidad. Esto refuerza un rechazo hacia esta etapa de la vida y alimenta el miedo a envejecer.

Creo que, de cierta forma, este rechazo al cambio y miedo al envejecimiento, como resultado de estas ideas preconcebidas culturalmente, han tenido como consecuencia una negación del mundo por reconocer e identificar que las personas mayores, como grupo, tienen necesidades específicas. Esta invisibilidad las ha dejado por mucho tiempo fuera de la lista de prioridades estatales y ha retrasado la generación de políticas orientadas a atenderles.

Es cierto que esta etapa de la vida implica diferencias biológicas que pueden representar un reto en diversos aspectos, y es justo por esto que los Estados tienen la obligación de promover, proteger y garantizar que, desde la especificidad de sus necesidades, las personas mayores, disfruten el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Apenas en los últimos años ha comenzado a exigirse la visibilización y uso de normatividad internacional para la reivindicación de los derechos humanos de las personas mayores. Fue en el 2015 que se publicó la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”. Este documento es el primero que recopila y estandariza de forma amplia los derechos de este grupo a nivel internacional.

El pasado 10 de enero, México suscribió el Decreto por el que ratifica dicha Convención. Lo hace siete años después. Y hasta la fecha, tan sólo 8 países han suscrito el documento. Esta acción del Estado mexicano, aunque en mi opinión llega tarde, es de reconocer y celebrar.

El documento incluye como principios la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. Derechos específicos como el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, servicios de cuidado, privacidad e intimidad, vivienda, educación, acceso a la justicia, entre otros.

También se destaca la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género en la formulación de políticas y medidas orientadas a la atención a las personas adultas mayores. Esto es importantísimo debido a que actualmente se transita hacia una feminización de la vejez, por la presencia de un porcentaje más alto de mujeres en esta etapa de la vida y, sin duda, los impactos en ellas tienen un carácter diferenciado.

Para el último trimestre de 2022, el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) registró que habitan 17 mil 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores) en nuestro País. Esta cifra representa aproximadamente el 14 por ciento de la población total.

La ONU ha señalado el aumento acelerado de este grupo y estima que en los próximos años continúe en ascenso en respuesta a que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estima que para el 2040 en América Latina habrá más personas mayores que infancias.

Es urgente poner el tema en el foco debido a que las posibilidades y condiciones que otorgan los Estados para que las personas atraviesen la última etapa de la vida funciona para medir el éxito o fracaso de este. En el mismo sentido, la adición del Estado mexicano a dicha convención representa un primer paso importante en el camino hacia la visibilización y protección de las necesidades del envejecimiento traducidas en derechos humanos.

Finalmente, quiero mencionar que la asociación cultural que se otorga a la vejez en cada sociedad se relaciona mucho con la calidad de vida y políticas estatales orientadas a su atención, por lo que deconstruir y volver a construir es primordial. Ya decía Simone de Beauvoir que “en el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes somos, si ignoramos lo que seremos: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en totalidad nuestra condición humana”.

La autora es investigadora del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH