La ONU-DH reconoció a los diversos actores que se opusieron a la adopción de la Ley de Seguridad Interior, entre ellos CNDH, INAI, CIDH y organizaciones civiles
Los ministros Fernando Franco, Margarita Luna, Alfredo Gutiérrez y Luis María Aguilar, con diversos argumentos, han sostenido que la Ley de Seguridad Interior debe ser anulada en su totalidad
El consejero presidente del INAI señalo que el término “seguridad interior” no está dentro de las facultades del Legislativo y es por esa vía como la Suprema Corte podría invalidar la legislación
De acuerdo con el ministro Pardo Rebolledo, la actuación de militares solo es válida si es por petición de estados y en situaciones excepcionales, por ello, se ordena eliminar siete artículos
Otro de los puntos en los que convinieron fue legalizar la interrupción del embarazo por elección y el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el País.
El colectivo Seguridad Sin Guerra integrado pro más de 300 organizaciones denunció la ambigüedad con la que se a manejado el tema de seguridad nacional
Los amparos concedidos sólo protegen a los promoventes, señalan fuentes del PJF. Sólo si la Suprema Corte avala la inconstitucionalidad, se beneficiaría a todos los mexicanos
Zeid añadió que la ley, que otorga a las Fuerzas Armadas un papel fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, un rol reservado tradicionalmente a la Policía, "no cumple los estándares internacionales de derechos humanos”.
La ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”, dijo Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil, ante la CIDH
El colectivo insistió en que la ley busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado “en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia”
La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron consideradas improcedentes por el juez Mario Pardo
