80 empresas multadas en 7 meses por corrupción deben 573.7 millones y no pagan

Nacional
/ 11 julio 2019

La corrupción de las empresas que compiten por contratos del Gobierno no se ha detenido. En siete meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador más de 80 proveedores fueron sancionados por malas prácticas. En multas deben ya la cuarta parte del total adeudado desde 2004, cuando gobernaba Vicente Fox, y que aún no ha sido captado

Por Linaloe R. Flores para SinEmbargo


Ciudad de México.- El fantasma de la corrupción a través de fraudes por parte de los proveedores del Gobierno federal continuó campante durante la presente administración de Andrés Manuel López Obrador con daños económicos que sobre todo han erosionado los sectores de salud, el aeroportuario y energético.

Por lo menos 80 empresas detectadas en lo que va de este Gobierno por la Secretaría de la Función Pública (SFP), le deben dinero al Estado mexicano por presentar información falsa, simular cumplimiento de contratos, no entregar lo pactado o falsificar sus pagos fiscales con tal de obtener contratos públicos millonarios.

Apenas siete meses después del triunfo del primer Gobierno emanado de la izquierda, hay un monto de más de 573 millones de pesos en sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no han sido saldadas por empresas que recurrieron a trampas entre 2018 cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto y los primeros meses de 2019 cuando asumió como Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este rezago de multas no pagadas es la mitad de lo dejado en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y dos veces más que el del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Del total de deudas sin pagar desde 2004, lo que se ha acumulado durante el presente Gobierno representa la cuarta parte.

Lo anterior de acuerdo con una revisión de mil 806 registros contenidos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, realizada por SinEmbargo.

LAS LASTIMADURAS DE ODEBRECHT

Petróleos Mexicanos ha sido la entidad pública más dañada por empresas con malas prácticas. En lo que va del Gobierno de AMLO, la empresa productiva del Estado ha acumulado un monto en multas no pagadas de casi 546 millones de pesos, lo que representa 95 por ciento del universo de todas. La mayor parte de la avería la tienen las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Gas Petroquímica Básica.

Esta erosión la hizo, más que ninguna otra, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México a la que el Gobierno de AMLO le impuso una multa de 543 millones 488 mil pesos. La cantidad se sumó a los 1,086 millones 977 mil 231 pesos de dos infracciones impuestas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La compañía, que operó una de las redes de corrupción más grandes del mundo a través de sobornos a cambio de contratos, no ha pagado un solo peso en México.

En el centro del entramado del caso siempre ha estado Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 y antes, durante la campaña de 2012, parte del comité de campaña del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo al diario brasileño O Globo y la organización mexicana Quinto Elemento Lab que tuvieron acceso a los testimonios jurados ante las autoridades de Brasil, Lozoya habría recibido 10 millones de dólares como soborno, y los pagos habrían comenzado en marzo de 2012, cuando todavía estaba en la campaña. A partir de entonces, las empresas de Marcelo Odebrecht recibieron contratos en México sin parar, no obstante que en el mundo, su imagen se caía a pedazos por actos de corrupción demostrados y comprobados.

Aquí, no fue por la trama de sobornos que fue sancionada. La SFP, en el Gobierno de AMLO, la multó por presentar información falsa en el primer convenio modificatorio de formalización de la cesión de derechos del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15.

Ese contrato fue utilizado para la construcción de accesos y obras externas en la refinería Miguel Hidalgo de Tula y tuvo un costo de mil 800 millones de pesos, de los cuales más de 400 millones se pagaron en 2016. El 7 de marzo de ese año, la obra fue suspendida.

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