Apuntan. El Congreso realiza en última instancia la designación de los magistrados, una vez que el Ejecutivo envía la terna. | Foto: Vanguardia
Aseguran que no hubo ninguna irregularidad en el nombramiento de la magistratura

El nombramiento de Bernardo González Morales como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se hizo en estricta observancia al mandato constitucional, aseguró Guillermo Alejandro David Pérez.

El secretario de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura señaló que el proceso para definir la nueva magistratura no observó ninguna irregularidad.

Sin embargo, el funcionario judicial no comprobó la experiencia de 3 años en materia laboral que debe de tener González Morales, de acuerdo a la exigencia de la Constitución de Coahuila.

“Los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 138 de esta Constitución y tener como mínimo tres años de experiencia acreditable en materia laboral” señala la fracción quinta del artículo 136-A de la Constitución Política del Estado.

“El nombramiento deriva de un proceso que la Constitución establece para la designación de los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como también acontece con  los magistrados de Tribunal Superior de Justicia”, señaló.

“Recientemente, el Consejo de la Judicatura realizo ese ejercicio con estricta observancia al mandato constitucional y a la Ley Orgánica y se envió la terna al Ejecutivo del Estado y posteriormente fue enviada a Congreso del Estado para su análisis y observación  y asignación de los magistrados”, apuntó David Pérez.

Explicó que lo que le compete en específico al Consejo de la Judicatura,  de acuerdo con el artículo 146 de la Constitución,  es que va a formular una terna con propuestas de diversos órdenes de Gobierno, organismos autónomos, entre otros.

“(Las propuestas) las traen al Consejo, se generan esas propuestas y luego el Consejo de la Judicatura en Pleno emite una terna que es enviada al Ejecutivo”, insistió.

Dijo que el Congreso es quien realiza en última instancia la designación de los magistrados, una vez que el Ejecutivo envía la terna.

Sobre el caso de José Ignacio Máynez Varela, explicó que éste fue adscrito como magistrado a la Sala Regional de la Laguna.

DESCONOCE CASO NÁJERA DAVIS

El Secretario de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura señaló que se abstendría de hacer alguna declaración.

“Primero porque en favor de ellos opera la presunción de inocencia y por otra parte es un asunto que se desconoce, puesto que el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones en materia disciplinaria para conocer de las quejas formuladas en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo al artículo 199 de la Ley Orgánica, que señala que es una competencia del Pleno del TSJE”, apuntó.