El arresto de Ancira Elizondo parece evidenciar que, pese a la renuencia discursiva mostrada por López Obrador, su gobierno habría decidido ya comenzar la cacería de ‘peces gordos’.

Si una palabra puede resumir la historia de Alonso Ancira Elizondo como empresario esa es “polémica”.

Y es que desde su aparición como empresario “favorecido” por el amplio proceso de privatización realizado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el hoy presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas en las cuales se ha retratado la “peculiar” forma de hacer negocios de él y sus socios.

Las polémicas en las que se ha visto envuelto, sobre todo a raíz de la declaración de suspensión de pagos de AHMSA hace dos décadas, son múltiples y tienen que ver esencialmente con la forma en la cual ha recurrido a múltiples “trucos legales” para mantenerse al frente de una empresa que técnicamente es propiedad de sus acreedores.

La suerte, que siempre le había sonreído, parece habérsele agotado ayer, cuando policías españoles lo detuvieron en Palma de Mallorca en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por México.

El arresto se registra apenas unas horas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revelara, este lunes, la decisión de congelar las cuentas de Altos Hornos debido a que la empresa habría sido vinculada a operaciones ilegales.

De acuerdo con la información que se ha revelado en los últimos dos días, la investigación que se le sigue a Ancira formaría parte de otra, que vincula al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de múltiples escándalos en toda América Latina, que implican la distribución de cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios.

Los detalles de las acusaciones, sin embargo, aún no se conocen pues las autoridades mexicanas se han limitado a confirmar la existencia de las investigaciones y a señalar que éstas involucran a Lozoya y Ancira.

Quienes observan de cerca la evolución de la actividad política, sin embargo, ya han comenzado a atar cabos y ayer mismo circulaba un fragmento de la entrevista que concediera el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a una cadena de televisión, en la cual señalaba a Ancira de haberse beneficiado con la venta de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex.

El arresto de Ancira Elizondo parece evidenciar que, pese a la renuencia discursiva mostrada por López Obrador, su gobierno habría decidido ya comenzar la cacería de “peces gordos” y ha confiado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, decidir quiénes encabezan la lista.

De primera instancia, y a partir de la historia personal de Ancira, parecería que se trata de dar muestras reales de que la lucha en contra de la corrupción iniciará “por los de arriba”.

Estamos, sin embargo, apenas en el prólogo de esta historia y aún quedan muchos capítulos por escribir. El inmediato es el relativo al proceso de extradición desde España. Ahí tendrá el gobierno de López Obrador la oportunidad de demostrar que, en efecto, sabe hacer las cosas mejor que sus antecesores.