Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico

Por: Luis Ferré-Sadurní, Eric Schmitt and José María León Cabrera

La operación militar conjunta que Estados Unidos y Ecuador lanzaron esta semana tiene por objeto combatir a las pandillas de narcotraficantes que han hecho que Ecuador pase de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más mortíferos, y es una señal de la profundización de los lazos entre ambos países.

Durante más de un año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cortejado públicamente y en privado al presidente Donald Trump, desesperado por conseguir un aliado poderoso que pudiera unirse con más fuerza a su guerra ardua y radical contra la espiral de violencia del narcotráfico en Ecuador.

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El gobierno de Trump, centrado en aumentar su influencia en el hemisferio occidental, encontró un socio dispuesto en Noboa. El presidente de centro-derecha es uno de los más firmes partidarios de Estados Unidos en la región y parece más dispuesto a acoger a las fuerzas militares estadounidenses que muchos otros dirigentes de América Latina.

En los últimos meses, las Fuerzas Especiales estadounidenses empezaron a ayudar a los comandos ecuatorianos a entrenarse y planificar las amplias redadas que se espera que se lleven a cabo en todo el país en las próximas semanas, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar asuntos militares. La operación tiene como objetivo las instalaciones de drogas dirigidas por pandillas que han desatado una violencia mortal en Ecuador y han convertido al país en el principal exportador de cocaína del mundo.

Estados Unidos ya desplegó en Ecuador decenas de soldados que asesorarán y ayudarán a los soldados ecuatorianos, incluso en el intercambio de información, pero no participarán directamente en las misiones, según el funcionario.

Los meses de trabajo entre bastidores salieron a la luz pública el martes, cuando el Comando Sur del ejército estadounidense publicó un video de 30 segundos en el que aparecía un helicóptero despegando para recoger soldados. El video mostraba la primera incursión de la operación, según el funcionario estadounidense, quien dijo que no dio ningún resultado porque los objetivos se escabulleron, pero que los soldados recuperaron información de inteligencia que podría ser útil.

La mayoría de los detalles sobre la escala, los objetivos y el marco temporal de las operaciones conjuntas seguían sin quedar claros.

El Pentágono dijo que se dirigía contra “organizaciones terroristas designadas”, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ecuatoriano se negó a comentar la ubicación y los objetivos previstos de las futuras incursiones, alegando motivos de “seguridad nacional”.

Sin embargo, Noboa, de 38 años, y sus altos funcionarios dijeron a los ecuatorianos que se prepararan para una nueva fase en su lucha de años contra la violencia del narcotráfico, caracterizada por los secuestros, los asesinatos por encargo y los motines en las cárceles.

“Estamos en una guerra”, dijo el martes John Reimberg, ministro del Interior, después de que Noboa anunciara un toque de queda nocturno de 15 días en cuatro provincias costeras, ricas en drogas, donde los analistas predijeron que podrían producirse las redadas. “Quédense en sus casas”.

Los esfuerzos militares de Estados Unidos y Ecuador abrieron un nuevo frente en la intensificación de los esfuerzos entre ambos países para interrumpir las rutas del tráfico de cocaína en un momento de extrema violencia en el país sudamericano. Ecuador ya había alcanzado acuerdos con Estados Unidos para aumentar el intercambio de inteligencia, la financiación estadounidense, la ayuda para detectar aviones que transporten narcóticos y el uso de buques de la Guardia Costera para reforzar la interdicción marítima.

Pero a diferencia de México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, ha rechazado firmemente la participación de soldados estadounidenses en la lucha contra los cárteles de la droga, Noboa había clamado de manera abierta por la ayuda militar estadounidense y apelado al gobierno de Trump. En abril, dijo que le “encantaría” que los soldados estadounidenses ayudaran.

Las peticiones de presencia estadounidense se producen en un momento en que Trump ha intentado hacer de América Latina un punto central de su política exterior, al aprovechar la fuerza y las finanzas para extender la influencia de Washington en la región. Noboa ha consolidado a Ecuador como un actor clave en un bloque emergente de países latinoamericanos, desde El Salvador hasta Argentina, dispuestos a respaldar a Washington.

Los analistas dijeron que las nuevas operaciones podrían interrumpir los envíos de cocaína y reducir de forma temporal la violencia, pero advirtieron que depender principalmente de la fuerza militar sin una estrategia coherente a largo plazo entrañaba el riesgo de repetir errores observados en otras zonas de conflicto.

Les preocupaba que la presión militar sobre las rutas de tráfico no sirviera para desmantelar la estructura económica que subyace a la delincuencia organizada. Y dijeron que los ataques corrían el riesgo de dividir a las pandillas y crear nuevos ciclos de violencia.

Glaeldys González Calanche, analista de la región andina en el International Crisis Group, un grupo de reflexión sin fines de lucro, dijo que la demostración conjunta de fuerza podría equivaler a “echarle leña al fuego”.

Aunque Ecuador no produce cocaína, el país se ha convertido en un centro internacional del tráfico mundial de drogas, utilizado por decenas de pandillas como punto de partida para el contrabando de cocaína producida en las vecinas Colombia y Perú hacia Estados Unidos y otros países. Hasta el 70 por ciento de la cocaína mundial se envía desde los puertos de aguas profundas de Ecuador en el océano Pacífico.

“Pasamos de un país de tránsito a ser los principales exportadores donde ocupamos un papel estratégico en la geopolítica del crimen organizado”, dijo Katherine Herrera, consultora en políticas de seguridad.

El tráfico de drogas ha provocado una explosión de violencia desencadenada por poderosas organizaciones de narcotraficantes con estrechos vínculos con cárteles de México y Europa. Más de 9000 personas fueron asesinadas en Ecuador el año pasado, una cifra sin precedentes que borró la antigua reputación de Ecuador como uno de los países más seguros de América Latina.

Noboa, heredero de un imperio bananero en Ecuador y educado en Estados Unidos, ha tenido dificultades para sofocar la violencia desde que asumió el cargo en 2023, a pesar de desplegar una campaña de mano dura para combatir a las pandillas. Ha movilizado a miles de soldados, ha declarado el estado de excepción y ha impulsado la construcción de megacárceles inspiradas en las que construyó el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

También ha tratado de entablar cada vez más contactos con Trump, mientras el presidente estadounidense intensificaba el uso de la fuerza militar para atacar a decenas de embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico. Se reunió con Trump en Florida el año pasado y ha recibido en Ecuador a altos funcionarios de su equipo, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Además, en septiembre instó con éxito a Trump a que designara a las dos pandillas más importantes de Ecuador —Los Lobos y Los Choneros— como organizaciones terroristas extranjeras, lo que significa que ahora Estados Unidos trata a estos grupos como amenazas para la seguridad nacional y no solo como organizaciones delictivas.

Estos esfuerzos suponen un marcado cambio con respecto a la década comprendida entre 2007 y 2017, cuando el gobierno de izquierda de Rafael Correa cortó los lazos con Estados Unidos y expulsó del país tanto al personal militar estadounidense de la base aérea de Manta como a los agentes de la Administración para el Control de Drogas.

Los ecuatorianos, frustrados desde hace tiempo por los esfuerzos fallidos de Noboa para sofocar la violencia, reaccionaron con emociones encontradas ante el anuncio de las redadas conjuntas. Para muchos fue una sorpresa, sobre todo después de que el año pasado los votantes rechazaran rotundamente un referendo divisivo respaldado por Noboa que pretendía permitir que el ejército estadounidense abriera una base en Ecuador.

“Esto se está disfrazando como una ‘operación conjunta’, entonces técnicamente no se está yendo en contra de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular, pero materialmente sí”, dijo Carla Patiño, de 35 años, quien vive en Guayaquil, la mayor ciudad portuaria del país.

Pero Miguel Chong Chang, de 39 años y propietario de una tienda de bicicletas de Machala, ciudad asolada por la violencia del narcotráfico, dijo que acogía con satisfacción las operaciones conjuntas.

Consideró que en este momento el país estaba en un agujero profundo y no podía permitirse no recibir ayuda. “Ahorita último vivimos algo que nunca ha pasado antes, que son bombas ya en el centro de la ciudad. Los delincuentes les han perdido el miedo a la policía, a los militares”, agregó.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur estadounidense, quien se había reunido con Noboa y sus oficiales en Quito, la capital de Ecuador, en los días previos al inicio de las redadas, dirige la parte estadounidense de las operaciones.

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“Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”, dijo el martes el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado.

Está previsto que las operaciones se promocionen durante una cumbre que se celebrará el jueves en la sede del Comando Sur, cerca de Miami, entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y los ministros de Defensa de América Latina. También se espera que Noboa se reúna con Trump el sábado, junto con otros presidentes conservadores latinoamericanos, en una cumbre liderada por Estados Unidos, “Escudo de las Américas”, también en Miami.

El miércoles, mientras Trump seguía ejerciendo presión económica sobre Cuba, el gobierno de Noboa declaró “persona non grata” al embajador de Cuba en Ecuador y le ordenó a él y a su personal que abandonaran el país en un plazo de 48 horas, sin dar explicaciones.

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