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El gobierno federal dejará de transferir 18 millones de pesos al año para cubrir los costos de un comité encargado de administrar el fideicomiso creado en 1997 para pagar las pensiones de los trabajadores de la extinta empresa. No están en riesgo los pagos de los aproximadamente 27 mil jubilados

Como parte de sus medidas de austeridad, el gobierno federal dejará de transferir 18 millones de pesos al año para cubrir los costos de un comité encargado de administrar el fideicomiso creado en 1997 para pagar las pensiones de los trabajadores de la extinta empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México, que hasta ahora eran entregados al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia aseguró que no están en riesgo los pagos de los aproximadamente 27 mil jubilados.

Los recursos han sido entregados puntualmente año tras año desde mediados de la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, en los dos gobiernos panistas y en el que encabezó el mandatario anterior, Enrique Peña Nieto.

En un comunicado conjunto, la SHCP y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la administración del fideicomiso, informaron que la decisión de ya no suministrar fondos forma parte de las medidas de austeridad y tiene el propósito de generar ahorros y alinearse con la política de austeridad republicana del gobierno federal de México.

Los recursos que ya no serán suministrados al fideicomiso serán utilizados para programas sociales que son impulsados por el propio gobierno federal.

La extinta empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México fue privatizada después de la reforma que permitió abrir ese sector al capital privado, en 1995, durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

El 19 de diciembre de 1997 fue constituido en Nacional Financiera el fideicomiso FerronalesJub 5012-6, con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos.

La finalidad de ese instrumento es garantizar el pago de las pensiones de esos trabajadores jubilados.

El año pasado había registrados 27 mil 700 ferrocarrileros retirados.

En el comunicado emitido ayer por la SHCP y el SAE se puntualiza que los 18 millones que ya no serán aportados a dicho fideicomiso corresponden a los gastos de administración.

La eliminación de esos gastos no afecta el presupuesto destinado para el pago de la pensión jubilatoria de los trabajadores ferrocarrileros, asegura el texto.

En noviembre de 2016, ferrocarrileros jubilados denunciaron que había opacidad en el manejo de los recursos que asignaba la Secretaría de Hacienda a la empresa en liquidación Ferrocarriles Nacionales.

Se trata de fondos que supuestamente son para el pago de jubilaciones, pero no hay cuentas claras ni informes respecto de su manejo.

Incluso, parte de éstos se entregan directamente al sindicato, que encabeza Víctor Flores Morales, por concepto de gestoría, de acuerdo con un reporte publicado por La Jornada. 

Cambio sustancial

La SHCP y el SAE aseguraron que la decisión de ya no transferir dichos fondos para la administración del fideicomiso encargado de gestionar los fondos para la pensión de los trabajadores ferrocarrileros representa un cambio sustancial en la gestión de la liquidación de las empresas que dicho organismo tiene a su cargo.

El comité técnico que se encarga de la administración del fideicomiso está integrado por autoridades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público, así como de la entidad en liquidación Ferrocarriles Nacionales y el propio sindicato, que es dirigido por Víctor Flores.

“Este comité determina la cantidad que por concepto de gastos de administración se le otorga al STFRM. Cabe señalar que la eliminación de estos gastos no afecta el presupuesto destinado para el pago de la pensión jubilatoria de los trabajadores ferrocarrileros.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes continuará informando a la opinión pública de las acciones que lleve a cabo para hacer de la austeridad republicana un eje rector de la administración pública en la cuarta transformación.