8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias

En los últimos 10 años, la justicia ha fallado en los casos de violencia familiar: en este periodo se han presentado 112 mil 281 denuncias por este delito, pero solo se han alcanzado 371 sentencias definitivas, de acuerdo con un análisis realizado por VANGUARDIA a las sentencias emitidas por el Poder Judicial de Coahuila.

“Estas cifras ni siquiera reflejan la realidad”, señala la activista Jackie Campbell, quien explica que muchas mujeres no denuncian o abandonan los procesos debido a amenazas.

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Aunado a ello, comenta que existen casos en los que se evidencia la revictimización de mujeres desde el propio proceso judicial, lo que genera temor en otras víctimas para denunciar. Esto, añade, también se debe al mal entendimiento que persiste sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además, advierte que existe una cifra negra importante: actos de violencia que nunca se denuncian por falta de autonomía económica y por el miedo que obliga a muchas víctimas a regresar con sus agresores sin siquiera acudir a un centro de apoyo o empoderamiento.

De acuerdo con datos del Poder Judicial y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en una década se registraron 184 denuncias por feminicidio, frente a solo 75 sentencias definitivas.

Uno de estos casos es el de Serymar Soto, una joven de 21 años, madre de un niño, quien fue asesinada por su pareja el 28 de enero de 2017.

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EL CALVARIO: LA SENTENCIA NO SE TRADUCE EN JUSTICIA

Para las familias que deciden alzar la voz, el camino hacia la justicia se convierte en un “viacrucis” burocrático. Sandra Soto, hermana mayor de Serymar, denuncia que, tras nueve años de lucha, la justicia sigue incompleta.

A pesar de que existe una sentencia contra Jorge Alejandro, señala que las autoridades aún no han cuantificado la reparación integral del daño.

“Una sentencia no es justicia; una justicia que no repara no puede ser justicia”, afirma Soto.

Además, advierte que la falta de este trámite legal podría permitir que el sentenciado obtenga beneficios de libertad anticipada sin haber pagado plenamente —ni en lo económico ni en lo moral— por su crimen.

FALTA DE EMPATÍA INSTITUCIONAL

Al conocer las cifras que evidencian la brecha entre las denuncias y las sentencias, Sandra Soto considera que existe una crisis en el sistema de justicia, caracterizada por la lentitud, la indiferencia y la revictimización por parte de algunos servidores públicos.

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En foros recientes con autoridades, familiares de víctimas han señalado que se les exigen protocolos exhaustivos, como presentar facturas de cada gasto de transporte o médico derivado de su tragedia para poder acceder a fondos de ayuda.

Sandra Soto también denuncia la insensibilidad de algunas autoridades, quienes en ocasiones prefieren que las víctimas “anden en el sol con los niños, gastando sus propios recursos, antes que ir ellos mismos a recabar una firma necesaria para el proceso”.

Esta situación obliga a muchas mujeres a desistir de sus casos al tener que elegir entre “pagar el camión o comprar las tortillas”.

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UN SISTEMA QUE EXIGE TRANSFORMACIÓN

Las expertas consultadas coinciden en que no basta con emitir sentencias condenatorias si estas son mínimas frente al volumen de denuncias.

Plantean la necesidad de un cambio profundo en la mentalidad de los servidores públicos del Poder Judicial, así como garantizar la no repetición de los hechos y la protección efectiva del interés superior de los hijos de las víctimas, quienes con frecuencia quedan en el desamparo.