AMLO, el Presidente del narco (II)

“Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza”.

Así respondió el presidente López Obrador, el miércoles pasado, al cuestionamiento sobre la decisión de arrojar gas lacrimógeno al grupo de alcaldes presentes en Palacio Nacional en demanda de audiencia.

Referir el hecho es importante, sobre todo por una razón: la manifestación de munícipes se dio exactamente cinco días después del desastroso “operativo” de Culiacán en el cual el Gobierno de la República exhibió toda su incompetencia y fue humillado a placer por el cártel de Sinaloa.

Como se ha informado, alrededor de medio centenar de alcaldes arribaron el martes a Palacio Nacional para exigir ser recibidos por el Presidente de la República, quien tiene la obligación de atenderles. Se puede cuestionar la forma de la exigencia, desde luego, pero eso no invalida la afirmación: los primeros pueden exigir, el segundo tiene la obligación de atender.

El punto medular, sin embargo, no es ese, sino la forma en la cual reaccionaron los guardias de Palacio ante la “amenaza” representada por los alcaldes: dispersando “una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente”, según el delicioso estilo eufemístico del vocero presidencial Jesús Ramírez, quien sin duda inauguró un nuevo género literario con el boletín de prensa emitido para informar de lo ocurrido.

Con ese acto el Gobierno de López Obrador mejoró el contraste de la imagen dejada por la liberación de Ovidio Guzmán e incrementó la contundencia del mensaje: para los narcotraficantes, asesinos, secuestradores, torturadores, desmembradores de seres humanos, cobradores de piso y demás, ¡abrazos, no balazos!; para los adversarios políticos, el uso de la fuerza.

Lo dejé por escrito en este espacio en julio de 2018, a propósito de una tríada de artículos dedicados al análisis del “plan 50” –¿recuerda usted ese catálogo de tonterías difundido inmediatamente después de la jornada electoral del año pasado y hoy olvidado por el tlatoani de Macuspana?–: AMLO usará el poder coercitivo del estado sólo para eliminar a sus enemigos políticos.

Y el Presidente, empeñado en no defraudarnos, cotidianamente ofrece pruebas de su ánimo dictatorial. Pero no sólo eso: incapaz de asumir el papel en cuya persecución tanto tiempo, energías y dinero (de los contribuyentes) invirtió, no tiene rubor en asumir la peor de las posiciones posibles: se acobarda frente a los criminales, pero se engalla ante los contradictores.

La justificación para bajar las armas y entregar a Ovidio Guzmán a sus compinches resulta no sólo inverosímil, sino absurda y estúpida: “se trataba de salvar vidas humanas”.

La pregunta es: de ser cierto lo afirmado –porque no nos han mostrado una sola evidencia para probarlo–, ¿cuál fue la razón por la cual se pusieron en peligro tales vidas humanas? Acertó usted: la estupidez de un gobierno incompetente, ineficaz y cobarde.

En el otro extremo, la justificación para “gasear” a funcionarios públicos electos, quienes iban desarmados –o al menos no se ha exhibido hasta ahora ninguna evidencia de lo contrario– se dio a partir de considerarlos “un riesgo” y, según las palabras textuales del Presidente, porque “a lo mejor eso evitó una situación más grave”.

¿Una situación más grave? ¿Como cuál? ¿Como la del desastroso operativo en Culiacán? ¿Como la del 2 de octubre y las protestas de anarquistas frente a la misma Puerta Mariana de Palacio Nacional? ¿Como la provocada por la CNTE al bloquear vías férreas en Michoacán? ¿Como la de los normalistas secuestradores del Estado de México?

La comparación entre estos escenarios es inevitable y los elementos para juzgar son prístinos. El margen para la interpretación es inexistente: a quienes ejercen la violencia y cruzan la línea de la legalidad se les trata con guantes de seda; a quien osa discrepar del mesías tropical se le arroja gases lacrimógenos, se le encarcela, se le estigmatiza desde el púlpito presidencial.

Otra joya para el historial de la T4 (Transformación de Cuarta) ocurrió también el martes anterior, cuando un operativo realizado en Tepito permitió el descubrimiento de un narco túnel y un laboratorio para fabricar metanfetaminas, así como el decomiso de múltiples armas pertenecientes a la organización conocida como “Unión Tepito”. En el operativo se detuvo a 31 personas.

Pero unas horas después, el ínclito juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la liberación de 27 de los 31 detenidos porque, a juicio suyo, el arresto y procesamiento de los presuntos delincuentes se registró de forma ilegal.

Si le suena el nombre del juez no es casual: es el mismo para quien Rosario Robles constituye una persona de alta peligrosidad y por ello no puede enfrentar en libertad el juicio iniciado en su contra.

No pretendo defender a Rosario, sino sólo evidenciar la disparidad de criterios. Y con ello, pues llegar a la única conclusión posible: en la T4 los delincuentes gozan de absolutas garantías de impunidad, pero los opositores políticos y contradictores deben prepararse a ser embestidos con toda la fuerza del estado.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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