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Los recortes van desde 0.5 % hasta 27.2 % en la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Por Nayeli Roldán (@nayaroldan) para Animal Político

Las siete instancias que componen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), supuestamente integrado para prevenir, investigar y sancionar posibles actos de corrupción en la administración pública federal, tendrán menos recursos para operar en 2019, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos propuesto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un análisis de Marco A. Fernández, investigador de México Evalúa, los recortes van desde 0.5 % hasta 27.2 % en la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría Ejecutiva del Sistema, lo cual indica que el combate a la corrupción “no es una prioridad para la nueva administración”, advierte.

Además, la nueva Fiscalía General de la República, tendrá 9 % menos presupuesto que la Procuraduría General de la República (PGR), a la que sustituirá a partir de 2019, y que se encargará de investigar y sancionar posibles delitos.

Al comparar las asignaciones de 2018 con el proyecto de presupuesto de 2019, considerando inflación, el investigador advierte la mayor reducción, por 27.2 %, está en la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

En el desglose de los recortes están los programas como “regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración pública federal” que no tendrá recursos, en cambio se creó el programa de “políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental" que tendrá 168 millones 302 mil pesos.

El presupuesto del programa “promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas”, pasará de 208 millones de pesos a 145 millones de pesos, lo que significa 30 % menos. Para la “fiscalización a la gestión pública” habrá 29 % menos recursos, pues de tener 326 millones de pesos en 2018 recibirá 231 millones de pesos para 2019.

El programa de “inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” operará con 28.6 % menos, es decir, con 165 millones 161 mil pesos. Y “el apoyo a la función pública y buen gobierno” tendrá 30 millones 171 mil pesos, 28.5 % menos que en 2018.

Los servicios de comunicación social, no recibirán nada en 2019, mientras que en 2018, la administración de Arely Gómez, extitular de la Función Pública se gastó 9 millones 913 mil pesos. El pago de estímulos a servidores públicos, remuneraciones adicionales y remuneraciones al personal permanente y transitorio, pasará de 212 millones de pesos a 29 millones 362 de pesos, lo que significa una reducción de 86 %.

El gasto de viáticos pasará de 11 millones 371 mil pesos a 2 millones 697 mil pesos, lo que significa 77 % menos. Y los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios bajará 61 % y pasará de 44 millones de pesos a 17 millones de pesos para 2019.

Debilitar al Sistema

La asignación del presupuesto es una muestra de las prioridades en una administración. Un presupuesto suficiente fortalecería la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en este caso solo se ven recortes, advierte Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Después del presunto conflicto de interés por el caso Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, y que fue construida por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista de gobierno federal, el Legislativo aprobó las reformas anticorrupción para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con una conformación inédita: desde ciudadanos hasta el fiscal anticorrupción.

Su operación estaba prevista en el decreto de ley para julio de 2017, pero hasta el momento, ni siquiera se ha concluido su conformación, toda vez que no se ha nombrado al fiscal anticorrupción. Y aunque se cubrió un puesto clave como la titularidad del  Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de sancionar actos de corrupción, el elegido fue Carlos Chaurand Arzate, un exconsejero político y senador del PRI.

Ahora, además el Sistema deberá operar con menos recursos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá 5.5 % menos, pues se le asignarán 2 mil 973 millones de pesos. A la Fiscalía Anticorrupción se le asignarán 32 millones 116 mil pesos, lo que significa 17.5 % menos presupuesto que en 2018.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá 2 mil 304 millones de pesos, es decir, 0.5 % menos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI), 937 millones de pesos, es decir, 17.9 % menos. Mientras que en el Secretariado Ejecutivo recibiría 132 millones de pesos, un recorte de 26 %. Y el Consejo de la Judicatura Federal recibiría 9.7 % menos presupuesto, 57 millones de pesos.