Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
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Lo que están diciendo las investigaciones estadounidenses es que, si no se hizo el pago al CJNG para garantizar la seguridad, la violencia no regresará a los niveles en que estaba, sino que probablemente se acrecentará
La violencia en Guadalajara volvió a aparecer este domingo en una de sus principales avenidas. Las redes sociales mencionaban incidentes en varios puntos, pero las autoridades sólo confirmaron uno solo, donde un vehículo, al que le pincharon las llantas, fue baleado. No hay más información, pero con la que hay es suficiente para abonar al clima de inseguridad que se vive en la capital de Jalisco, una de las sedes mundialistas para la Copa de Futbol que, objetivamente hablando, está en serio riesgo de ser cancelada.
El gobernador Pablo Lemus dijo hace unos días que ninguna de las sedes está en riesgo, pero él mismo debe saber que esa promesa, sobre todo en su estado, es sólo de dientes para afuera. La muerte de Nemesio Oseguera, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como ya se planteó, no cerró un capítulo, sino que abrió otro, incluso más pernicioso, no sólo para Guadalajara y Jalisco, sino para todo el país. Con su muerte se rompieron todos los acuerdos económicos, políticos y de seguridad que se habían forjado, en particular en ese estado.
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Lemus tiene varios problemas.
Uno es institucional. La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que una comisión de la FIFA llegaría a México para evaluar la seguridad y la movilidad a los estadios. En materia de seguridad, los compromisos adquiridos por el gobierno de Jalisco no se han cumplido. Según ha trascendido, aún no se cuenta con todo el equipamiento de seguridad, como los inhibidores de drones o los radares para el monitoreo aéreo, por lo que en el checklist del equipamiento técnico podría salir reprobado. Por otro lado está la movilidad. La única sede donde las obras para acceder al estadio no están listas, o dentro del calendario de entrega, es Guadalajara.
Pero hay otro tema, de calado más profundo, que se hizo público hace 15 días, cuando la familia Martínez Ornelas publicó un desplegado en la prensa tapatía, en donde revelaba que el jefe de la familia, Diego Martínez Ornelas, llevaba seis meses preso por una denuncia penal de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña –que es su cuñada–, por un presunto fraude por 13 millones de pesos. La publicación del desplegado provocó diversas reacciones. Por una parte, el porqué, como señaló el desplegado, no presentó ninguna prueba para que lo detuvieran; pero, por la otra, los cuestionamientos sobre dónde había sacado esos recursos en efectivo para invertirlos en un esquema financiero, que no se justificaban con sus ingresos, lo que penalmente lo convertiría en dinero de procedencia ilegal.
Lo que se hizo público apenas el mes pasado fue detectado desde 2025 por varias agencias de Estados Unidos, que tienen abierta una investigación sobre el gobernador Lemus. Funcionarios estadounidenses revelaron algunos detalles generales sobre la nueva línea que se abrió tras la denuncia original de la diputada Magaña, porque la información que tenían era sobre la cercanía de ella y de Martínez Ornelas con el gobernador.
La primera línea de investigación la tienen el FinCEN, que es la Red Contra Delitos Financieros y la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que pertenecen al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En coordinación con otras áreas de inteligencia estadounidense, encontraron que no habían desaparecido 13 millones de pesos, sino 150 millones, y que no eran parte de un esquema financiero fraudulento, como alega la diputada local, sino de un dinero que, presuntamente, era para el pago de seguridad en el estado a “El Mencho”. Según la denuncia, la entrega del dinero se realizó cuando Magaña aspiró por primera vez a una diputación local por Zapopan –que ganó y se reeligió–, mientras Lemus era alcalde de Guadalajara.
Las investigaciones estadounidenses están en curso. Lemus, por su parte, cuando en este espacio se reveló que lo investigaban por su relación con el líder de los transportistas afiliados a la CTM en Jalisco, Nazario Ramírez, que presuntamente utilizaba las rutas del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero para el CJNG, Lemus negó cualquier vinculación con el dirigente y amenazó con demandar a quien esto escribe. Esa relación había quedado expuesta al aparecer una fotografía del gobernador con Ramírez.
Curiosamente, aunque quizás no fortuitamente, desde el viernes empezaron a circular en redes sociales unas fotografías del gobernador con el sacerdote José Dolores Aguayo, “el padre Lolo”, de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, en Zapopan, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara, que la semana pasada quedó en medio de la turbulencia tras la muerte de “El Mencho”, por la revelación que hizo la periodista Laura Sánchez Ley de unas cartas –la última el pasado 25 de enero– en donde abogó ante una jueza en el Distrito de Columbia por la liberación de Rubén Oseguera González, “El Menchito”.
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Las relaciones peligrosas del gobernador, hasta el momento, forman parte de investigaciones activas en Estados Unidos, mientras que en México apenas se esbozan con las fotografías. La denuncia de Magaña y que se haya metido a la cárcel, con prisión preventiva, a Martínez Ornelas –cercano a ambos–, habría sido, si lo que están hallando los estadounidenses puede probarse judicialmente, un error o resultado de un exabrupto de alguno de ellos, que los pudo haber dejado en una situación incómoda, por decir lo menos.
Pero más allá del gobernador y de la diputada, lo que están diciendo las investigaciones estadounidenses es que, si no se hizo el pago al CJNG para garantizar la seguridad, la violencia no regresará a los niveles en que estaba, sino que probablemente se acrecentará. Quien finalmente quede al frente de la organización buscará cobrar la deuda, al estilo Jalisco, como han procedido previamente. La perspectiva que perfilan las investigaciones no es alentadora para Jalisco y, en particular, para Guadalajara, que se estaba preparando para ser sede del Mundial de Futbol. Por supuesto que nada está decidido aún, y en el reacomodo criminal no se sabe cuáles serán las siguientes etapas que se experimentarán.
Las declaraciones de la Presidenta y del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, alejaron la turbulencia de las aguas amenazantes sobre México como sede mundialista, pero para el gobernador y la afición tapatía el escenario luce verdaderamente negativo.