Manifestantes se reúnen frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina | Foto: AP
La iniciativa, que fue aprobada por el Senado, aumenta las partidas alimentarias a los comedores comunitarios

Buenos Aires. Argentina, uno de los principales productores mundiales de alimentos, se declaró por ley en emergencia alimentaria hasta 2022.

La norma fue aprobada este miércoles por el Senado en medio de un agravamiento de la pobreza al compás de la inflación y una creciente tensión social por multitudinarias protestas a poco más de un mes de las elecciones generales de octubre.

Los 61 senadores presentes en el recinto, de un total de 72 que tiene ese cuerpo, dieron su aval a la iniciativa propuesta por movimientos sociales que aumenta las partidas alimentarias a los comedores comunitarios y que había recibido media sanción en Diputados hace una semana.

A estos establecimientos organizados por vecinos e instituciones religiosas y educativas acude un creciente número de personas afectadas por una inflación que, según varias estimaciones, superará el 50 por ciento este año en un contexto de recesión y aumento del desempleo.

Argentina está entre los principales productores de alimentos del mundo, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero después de Venezuela es la nación con mayor inflación de América Latina. El encarecimiento de los alimentos afecta directo a los sectores más vulnerables y se estima que para fin de año el 35 por ciento de la población estará bajo la línea de pobreza.

La emergencia se sancionó en el marco de la exacerbación de las protestas luego de la contundente derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri ante el kirchnerista Alberto Fernández en las primarias de agosto de cara a las presidenciales del 27 de octubre, en las que la reelección del mandatario está cada vez más en duda. Fernández va acompañado en la fórmula electoral de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en cuyo primer mandato se desempeñó como jefe de Gabinete.

Cientos de manifestantes -entre ellos familias con niños- se instalaron en la plaza donde está el Parlamento con grandes banderas argentinas y otras que identifican a distintas organizaciones opositoras para seguir el debate en el Senado.

Agustín Peralta, de 20 años, quien perdió recientemente su trabajo y llevaba en brazos a su pequeño sobrino, dijo a The Associated Press que “el gobierno de Macri es para la gente que tiene plata. Los que somos gente trabajadora estamos cada vez peor, mucha gente está quedando en la calle y mucha gente pasa hambre”.

La devaluación de más de 20 por ciento del peso argentino luego del resultado electoral -que se debió en gran parte al temor de los inversores al regreso al poder del populismo kirchnerista- conllevó un alza de los precios de productos básicos.

La depreciación de la moneda local impacta en los costos energéticos y otros del proceso productivo atados al dólar incidiendo en los precios. Esos saltos cambiarios también afectan el valor de los alimentos debido a que, luego de una disparada del billete estadounidense, los exportadores de esos productos buscan aumentar su rentabilidad en el mercado interno.

En agosto los alimentos y bebidas registraron una subida de precios de 4.5 por ciento mientras que en los primero ocho meses del año el alza fue de 33.3 por ciento.

Con la protesta, los manifestantes buscan mostrar su malestar por la situación social y su poder de movilización ante el gobierno que asuma el 10 de diciembre en un contexto que, según los economistas, será de gran dificultad económica.

“Hubo un salto de más de 30 por ciento de las protestas después de las internas” dijo a AP Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.

El analista señaló que detrás de estas movilizaciones están las agrupaciones dialoguistas con la actual administración que aprovechan el contexto para conseguir más beneficios y por otro lado los grupos de izquierda con “actitud desestabilizadora” que advierten que van a “seguir en la calle”, cuya expectativa será “conseguir beneficios rápidamente ni bien asuma el nuevo gobierno”.

Los responsables de comedores sostienen que, además de alimentar a los niños que acuden para asegurarse al menos una comida completa al día, reciben a un número creciente de familias enteras y que los productos que envía el Estado son menos nutritivos.

Aída Corvalán, encargada del comedor “Huellitas” en el municipio bonaerense de Tigre, dijo a The Associated Press que a ese lugar acuden vecinos de la zona y de otras cercanas y que “vienen a merendar hasta chicos de 19 años”.

Este merendero conformado por una cocina y un patio al aire libre funciona desde hace un año, cuando comenzó a alimentar a 40 chicos. Ahora atiende a 108 menores.

La emergencia alimentaria estará en vigencia hasta diciembre de 2022 y dispone un incremento de al menos 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes para este año, correspondientes a políticas de alimentación. Además faculta al Ejecutivo a reasignar partidas que podrán actualizarse trimestralmente tomando como referencia la variación de los precios de los alimentos.

Se estima que tendrá un costo adicional para el Estado de entre ocho mil y 10 mil millones de pesos (130 y 160 millones de dólares).

El gobierno ha intentado mejorar el poder adquisitivo de la población con la eliminación de las retenciones a los sueldos de los trabajadores, el incremento del salario mínimo y la eliminación del IVA en algunos alimentos, medidas que según sus críticos son insuficientes.

Un informe de la Universidad Católica Argentina difundido en agosto alertó por su parte que 35.8 por ciento de los niños y adolescentes se alimentan en comedores comunitarios.