Así derrocharon el dinero público los estados, en eventos oficiales, gasolina y publicidad
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De acuerdo con un estudio realizado por el IMCO, si en los últimos años los estados hubieran ejercido lo que presupuestaron para gasto burocrático se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento por seis años de la pensión federal para adultos mayores
En el país, todos los estados violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2017 las entidades contrataron 246% más deuda de la aprobada y gastaron 17% más de lo presupuestado.
Los estados que incumplieron en mayor medida con el presupuesto de egresos fueron Nayarit, Ciudad de México y Michoacán, mientras Puebla, Campeche y Querétaro fueron los que registraron mayor cumplimiento.
De acuerdo con el estudio realizado por el IMCO, si en los últimos años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para gasto burocrático se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento por seis años de la pensión federal para adultos mayores.
¿En qué se gastó el presupuesto?
En 2017, los gobiernos estatales recaudaron 319 mil 753 millones más de lo estimado, lo cual equivale al 60% de la deuda pública a nivel estatal (529 mil 174 millones).
Estos ingresos excedentes, explica el IMCO, permiten un mayor gasto; sin embargo, “al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional, es decir, son cheques en blanco”.
Para el ejercicio fiscal de 2017, la prioridad de los gobiernos estatales fue el gasto burocrático, que aumentó en un 11%, con un gasto adicional de 62 mil millones de pesos, lo que de acuerdo con la organización es resultado de “una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos”.
El IMCO estima que, si en los últimos años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para este rubro, se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos.
La organización estima que los gobiernos estatales “asignan recursos a rubros que no tienen un impacto directo en la población”; sin embargo, ello no significa que deba eliminarse el gasto burocrático, sino que debe auditarse y replantearse su tamaño.
En sueldos y salarios, en su conjunto los estados gastaron 18 mil 718 millones de pesos más de lo aprobado en este concepto. Jalisco fue el que tuvo el mayor aumento, con un alza del 93%.
En artículos de oficina los estados gastaron mil 635 millones de pesos más de lo presupuestado (38%).
En este concepto cuatro estados tuvieron un aumento en el gasto de más del 300%: Guerrero (449%), Morelos (415%), Baja California Sur (361%) y Zacatecas (321%).
Para compra de gasolina los estados destinaron 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. En este concepto Guerrero ejerció el doble de lo autorizado, mientras Chihuahua gastó un monto equivalente al 196% de su gasto en protección ambiental.
El IMCO documentó que en 2017 los estados gastaron 91% más recursos (2 mil 103 millones de pesos) de lo presupuestado en ceremonias oficiales: Guerrero presupuestó solo 20 mil pesos y terminó con un gasto de 134 millones de pesos (diferencia del 645,946%), y Yucatán ejerció en este rubro un monto equivalente al 97% de su gasto en infraestructura.
En traslados y viáticos, los gobiernos estatales gastaron 12% más recursos de lo presupuestado (229 millones de pesos), siendo Baja California el que tuvo el mayor aumento en el gasto (365%), seguido de Guerrero (342%).
Para servicios básicos, los estados gastaron 11% más (mil 669 millones de pesos), siendo Jalisco (123%) y Morelos (120%) los estados con el mayor aumento del gasto ejercido, en comparación con el que inicialmente se aprobó en su presupuesto de egresos.
En publicidad oficial, el estado que más aumentó su gasto fue Coahuila, que pagó mil 429 millones de pesos, cantidad similar a los recursos asignados para seguridad pública (mil 449 millones de pesos), en un estado donde el 55% de la población considera la inseguridad como el problema más importante.
Por su parte, Quintana Roo ejerció un monto equivalente al 81% de su gasto en protección ambiental.
Para el IMCO, “la evidencia apunta a que, en los estados, los presupuestos son ejercidos como una simulación y a discreción de las secretarías de finanzas, consecuencia de la falta de planeación y nula intervención de sus congresos”.
Con la finalidad de reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, el IMCO propone establecer controles a las modificaciones presupuestales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo, y que haya mayor participación de los congresos locales para la aprobación y supervisión sobre en qué y cómo se gasta.
Para mejorar la calidad de la información financiera, recomienda que se elimine el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental, que los entes obligados publiquen en tiempo y forma los datos de sus gastos y que estos sean públicos, en formato de datos abiertos.
Consulta el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 en la página web del IMCO.
