Múltiples voces han advertido, antes y durante la actual administración federal, sobre los presuntos rasgos autoritarios de quienes integra la autodenominada “cuarta transformación”, mismos que son propios de estilos de gobierno no democráticos.

Uno de esos rasgos, documentado de manera prolija en múltiples casos alrededor del mundo, es el relativo a la tentación de “construir la realidad” a partir de los deseos y puntos de vista del gobernante en turno, particularmente si éstos se ubican de espaldas a lo que los observadores especializados ven.

Tal pulsión implica el despliegue de políticas públicas orientadas a imponer una visión de la realidad conveniente al grupo gobernante, políticas que sólo tienen un propósito: conservar el poder a cualquier costo.

¿Es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador uno de este corte? Sus detractores más feroces sostienen que sí, aunque a lo largo de los primeros meses de su Gobierno no hay evidencias que demuestren, de forma fehaciente, la existencia de una actitud puntual en este sentido.

Ayer, sin embargo, el vocero del Grupo Parlamentario de Morena –el partido del Presidente– en el Senado de la República, marcó una nueva pauta en este sentido al plantear que dicha fuerza política podría utilizar su mayoría parlamentaria para “aplastar” a quienes contradigan al titular del Ejecutivo.

El exabrupto se registró a propósito de la degradación que la empresa Standard and Poor’s realizó a la calificación de más de 80 compañías, privadas y públicas, tras colocar en “negativa” la nota soberana de México, circunstancia que generó nerviosismo temporal en los mercados.

Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador insistió en su convicción de que las calificadoras “están midiendo mal”, así como en su reproche de que no se estaría tomando en cuenta una variable que, desde su punto de vista, debería formar parte de la fórmula con la cual se calcula el riesgo país, así como las expectativas de crecimiento económico: el combate a la corrupción.

En respaldo de la posición presidencial, el senador Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado, acusó a Standard and Poor’s de “no tener vergüenza ni autoridad” y anunció que se propondría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación del permiso de operación de ésta y cualquier otra calificadora que evalúe mal al País.

El planteamiento, que fue matizado más tarde por el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, podría pasar por anécdota, pero debe ser tomado en serio y analizado desde la perspectiva adecuada porque se trata de una expresión que refleja la existencia de rasgos autoritarios entre quienes integran la “cuarta transformación”.

Amenazar con la censura a quienes no se plieguen al discurso oficial constituye una de las peores señales que puede dar un gobierno que pretende pasar por democrático.

La expresión, por ahora, ha sido atajada y contenida, pero deja un mal sabor de boca y, sobre todo, introduce mayor nerviosismo entre quienes tienen en sus manos la decisión de invertir en México o llevarse sus capitales a lugares donde la incertidumbre política no sea el elemento más evidente del paisaje.