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28 meses cayó en inactividad la Fiscalía para Personas Desaparecidas

Por dilación en sus procesos de procuración de justicia, la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado fue objeto de cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila en esta semana.

Las recomendaciones 21/2019; 22/2019; 23/2019 y 24/2019, detallan casos de faltas en averiguaciones previas iniciadas en 2009, 2010, 2015 y 2015 tras las denuncias familiares presentadas ante la Fiscalía por la desaparición de 6 personas detalladas en los expedientes, entre ellos un menor de la ciudad de Ramos Arizpe.

Aunque la Fiscalía respondió sobre la cantidad de diligencias realizadas en los casos, los detalles de la CDHEC acreditaron que como fue mencionado por las víctimas, la Fiscalía Especializada abandonó los expedientes y dejaron de buscar a las personas por laso superior a un año.

 

“Con lo anterior se demuestra que, desde noviembre de 2014 a octubre de 2018, no se realizaron actuaciones en 28 meses, lo anterior valida el retardo negligente de la responsable de la indagatoria, pues no existe causa que justifique esa inactividad durante el periodo señalado, además hay meses que solamente se llevaron a cabo una o dos diligencias, mismas que no son suficientes para la búsqueda y localización de la persona denunciada como desaparecida”, se acreditó en la recomendación 21/2019.

En las recomendaciones, 22, 23 y 24/2019 la CDHEC observó que durante 74, 22 y 33 meses, las autoridades de la Fiscalía no realizaron diligencia alguna para buscar a las personas desaparecidas, o bien, que tuvieran indicios sobre el paradero de las víctimas de desaparición.

Tres de los cuatro casos de recomendación  fueron contra la Fiscalía Especializada ubicada en Piedras Negras, y otra más en la Fiscalía General.

Además de reponer las diligencias correspondientes y faltantes en los expedientes de búsqueda, las recomendaciones que fueron divididas entre seis y ocho puntos en cada una, solicitaron a las autoridades realizar procedimientos administrativos contra quienes encabezaron las investigaciones por violar los derechos humanos en términos de dilación de justicia.