El próximo mes de enero será presentado al Congreso del Estado el proyecto de nueva Constitución para Coahuila, según lo ha anunciado el titular de Ejecutivo coahuilense, Rubén Moreira Valdez, en una entrevista que publicamos en esta edición.

El de la nueva Constitución estatal es un proyecto del cual ha venido hablándose casi desde el inicio del sexenio y sobre el cual ya se han barajado fechas en el pasado para que inicie el proceso legislativo que le dará vida, eventualmente.

Hacia la recta final de la actual administración, parece que ha llegado el momento de iniciar la etapa de discusión de la iniciativa que ha estado preparándose y que ha sido discutida incluso en foros internacionales organizados ex profeso.

¿Qué debemos -o podemos- esperar los ciudadanos de un proyecto como éste que plantea la sustitución del máximo ordenamiento estatal por uno nuevo?

En esencia, de una nueva Constitución debe esperarse, de manera fundamental, una mejor conceptualización de los derechos de los ciudadanos, así como de los mecanismos para garantizar su ejercicio. Por otra parte, debe esperarse una mejor definición de las obligaciones que el Estado tiene para convertir en realidad los derechos, así como de las restricciones a las cuales debe someterse en términos del respeto a la esfera privada de los ciudadanos.

Lo que no debe -ni puede- esperarse de una nueva Constitución, es que su creación transforme por arte de magia la realidad cotidiana. La mejor redacción y la mejor conceptualización de un texto constitucional carecerá de significado si no va acompañada de una nueva cultura del servicio público, de una definición renovada de la relación entre gobernantes y gobernados.

Porque sólo así podrá considerarse que es posible convertir en realidades concretas el conjunto de promesas que es, por definición, un texto constitucional.

Mejores derechos y más eficaces mecanismos para garantizarlos constituyen la envoltura en la cual debe llegar a cualquier sociedad una nueva Constitución. Por lo que se sabe, el proyecto que será presentado en enero a la sociedad coahuilense difícilmente decepcionará a nadie en términos conceptuales y de técnica jurídica.

El punto fino, sin embargo, no es ése si no otro muy distinto: ¿cómo van a transformarse, con la llegada de una nueva Constitución, los usos y costumbres de una clase política que, independientemente de los colores partidistas de los cuales provengan sus miembros, da muestras constantes de no tener el menor interés en construir una sociedad realmente igualitaria?

Ése es el verdadero reto de cara al futuro: que con la nueva Carta Magna llegue a Coahuila una nueva cultura del servicio público y que ésta se encuentre caracterizada, por supuesto, por una vocación por la garantía de los derechos de los individuos.