Actividades del Cártel del Mar tienen al borde de la extinción a la vaquita marina

Elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal detuvieron y momentos después dejaron en libertad a integrantes del Cártel del Mar en Baja California, casi como ocurrió con la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 17 de octubre, informó el periodista Carlos Loret de Mola.

A través de su columna publicada en El Universal, el periodista detalló que el fin de semana, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo y lograron capturar a miembros de dicha organización criminal y además incautaron sus propiedades.

Lo anterior, luego de que ambientalistas difundieron en redes sociales videos y fotografías de pescadores ilegales de totoaba, mejor conocidos como “bucheros”, operando en la comunidad de San Felipe, Mexicalli.

El video de estos hechos (una edición se puede consultar en www.carlosloret.com) fue subido a redes sociales por ciudadanos de la comunidad de San Felipe, que está en vías de ser municipio, pero por ahora se mantiene bajo la jurisdicción de Mexicali. Es bastión del Cártel del Mar, asociado al tráfico de especies, a la pesca ilegal de totoaba y a tener al borde de la extinción a la vaquita marina.

La historia comenzó hace unos días. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas fotografiaron decenas de lanchas pescando totoaba en la zona de refugio de la vaquita marina, algo que está prohibido. 

Los “bucheros”, como se conoce en el argot a los pescadores ilegales de totoaba, distribuyeron un video grabado desde una panga en la que tienen varias totoabas atrapadas en las redes ilegales. Cada buche (vejiga) lo venden al Cártel del Mar en 4 mil dólares promedio, y el cártel lo comercializa hasta en 100 mil dólares en el mercado negro de China, donde se cree que tiene efectos afrodisiacos y medicinales. Fotos de la pesca ilegal y el video de la panga pueden también consultarse en mi página.

Elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal lograron detener a varios “bucheros” e incautar su embarcación y sus redes. No por mucho tiempo. A bordo de camionetas, un grupo de hombres, presuntamente vinculados al Cártel del Mar, comienza a seguir al vehículo oficial, hasta que aparentemente logra interceptarlo. Se bajan todos de sus camionetas. Los civiles increpan a los uniformados, hay gritos, jaloneos, amenazas, es de noche, y los federales terminan soltando a los detenidos, liberando las redes y devolviendo la embarcación.

La impunidad con la que opera el Cártel del Mar en la zona del Alto Golfo de California no sólo tiene al borde de la extinción a la vaquita marina (que queda atrapada en las mismas redes que la tototaba) sino que ha puesto a México en el peligro de ser sancionado comercialmente con un embargo pesquero, que podría significar una crisis económica en las costas del país. Imágenes como las relatadas aquí refuerzan la denuncia: lo que se ve es pura ingobernabilidad. La única buena noticia es que especialistas reportaron que recientemente fueron avistadas dos vaquitas bebés, lo cual puede significar oxígeno para la supervivencia de la especie.

¿Qué es el Cártel del Mar?

“Tengo familia, tengo hermanos”, fue la respuesta de Óscar Parra Aispuro “El Parra” o “El Tekolín”, cuando elementos de la Policía Ministerial del Estado lo cuestionaban sobre su sucesor al frente de su organización que -según sus propios dichos- alcanzaba los cien pescadores y algunos elementos dedicados a otro tipo de actividades, desde hombres armados hasta encargados de logística.

El incidente ocurrido el jueves 28 de marzo sobre la Avenida Golfo de Santa Clara, donde Enrique García Sandez “El Kiki”, de 37 años de edad, resultó lesionado a manos de personal de la Secretaría de Marina y que a la postre generaría un estallido social, demostró que la pesca y tráfico de totoaba no sufrió afectación significativa tras la detención del presunto líder del Cártel del Mar, pues la organización cuenta con gran cantidad de elementos en activo y puede continuar operaciones sin ningún problema.

Inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de 2008 a 2014, García Sandez, el hombre que resultó herido en San Felipe el 28 de marzo, inició como funcionario federal con un sueldo de 7 mil 135 pesos, según datos proporcionados en su declaración de bienes y propiedades ante la Secretaría de la Función Pública (SFP); al salir ganaba poco más de 13 mil pesos mensuales.

Con secundaria terminada y la única experiencia de haber trabajado como despachador de gasolina y guardia de seguridad en el hotel Costa Azul, se volvió inspector de la Profepa, pero aparentemente habría dejado su puesto al descubrirse sus nexos con traficantes de totoaba. El día de la balacera con marinos, fue captado en la embarcación de Sea Shepherd que trasladaba lo que parecía un ejemplar de totoaba, cuya pesca está prohibida desde 1974.

Personal del Grupo Coordinación identifica a “El Kiki” como integrante de la célula de tráfico de totoaba de José Luis García Ruiz “La Yegua”, presunto socio de “El Parra”, quien aparentemente se habría quedado con el control mayoritario de la plaza, aunque no es la única agrupación que impera en la zona.

LOS GRUPOS DE TRAFICANTES

La sociedad de “El Parra” con “La Yegua” sugiere que desde la detención del primero, el segundo tomó las riendas como principal lugarteniente de la pesca de totoaba en San Felipe. Sin embargo, varios podrían ocupar el lugar de “El Parra”, actualmente preso por presuntamente ultimar a un militar la madrugada del 31 de diciembre de 2017.

De perfil más discreto, “La Yegua” pasa poco tiempo en el puerto, prefiere refugiarse en Mexicali, donde integrantes del Grupo Coordinación han detectado que cuenta con viviendas en zonas residenciales con acceso restringido. Debido a que no se caracteriza por el uso de armas de fuego, “La Yegua” pasa inadvertido para las autoridades.

Aunque integrantes del Grupo Coordinación no han ubicado otro perfil con las características de “El Parra”, existen figuras que podrían ocuparlo, entre ellos sus familiares.

Gastón Eduardo, quien trabajó de la mano de Óscar durante varios años, era el encargado del abastecimiento de armas y la compra de equipo. De hecho, la única vez que ha sido detenido, el 12 de octubre de 2017 por elementos de la Gendarmería, regresaba de comprar varios equipos de radiocomunicaciones; cada uno costaba mil dólares. En aquella ocasión le decomisaron armas, droga, una báscula gramera, dinero y el equipo.

 

Apoyando a Gastón Eduardo, una de las fuentes consultadas por ZETA ubica a un individuo llamado Alejandro Tamborillo, allegado a su hermano, y Álvaro Jesús Ramos Sillas, conocido como “El Varito”, presunto líder de una pequeña célula armada conformada por sus primos y amigos Diego Aarón de la Fuente Sillas, Carlos Adrián Romero Bastidas, Julio Barraza Romero, que en su momento estuvo a las órdenes de “El Parra”. Dicha célula fue capturada el 17 de noviembre de 2017 por elementos municipales y ministeriales, luego de perpetrar un “levantón” en agravio de un pescador rival. Al cabo de unos meses recuperó su libertad junto con todos sus cómplices. Sin embargo, ninguna otra fuente respaldó esta aseveración.

Del mismo grupo se identifica a otro de los allegados de “El Parra”: Carlos Misael Ayón Montes, a quien elementos estatales ubicaron a raíz de múltiples cateos realizados en busca de su líder; en las imágenes obtenidas se le observa portando armas de grueso calibre.

De quedarse el negocio con la familia, la intervención probablemente se ampliaría hasta su hermana Alicia y su pareja sentimental de nombre Ángel Iván Soberanes, conocido como “El Chucho”, uno de los más cercanos de “El Parra”. Alicia dirigía la página Víctimas de la Inseguridad en San Felipe, cuya principal actividad -aseguran en el lugar- es desprestigiar la intervención policíaca contra gente de su grupo. A través de esa página se viralizó el video donde los marinos lesionaron a García Sandez.

Otros personajes de menor peso sólo identificados como “El Negro” Sosa, “El Joyero” o “Los Valenzuela”, han mantenido sus actividades de manera regular, sin ser eclipsados por “El Parra”, pues sus operaciones eran inferiores en cantidad.

Además, existe intervención de grupos delictivos no identificados del Golfo de Santa Clara y de Bahía de los Ángeles, quienes no han sido ubicados en un organigrama criminal, pero que según “El Parra”, llevan tiempo intentando apoderarse de la plaza que protegía.

De hecho se han registrado algunos asesinatos en zonas al sur de San Felipe, relacionados con pugnas de pescadores ilegales.

PLEITO FAMILIAR PARRA-ASCOLANI

A decir del propio Parra en una conversación con agentes ministeriales, la persecución en su contra se originó a raíz de un pleito con su ex suegro Octavio Ascolani, prominente empresario del puerto de San Felipe que en reiteradas ocasiones ha realizado campañas para la preservación de la totoaba en coordinación con instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California.

“El Parra” sostuvo una relación con Mónica, hijastra de Ascolani, con quien procreó tres hijos. Según el presunto líder de la agrupación del tráfico de “buche”, sería el empresario quien le enseñó sobre el negocio y del pez endémico hasta que dejó de laborar con él en 2014.

Ascolani lleva años planteando estrategias al Gobierno Federal y local para que se permita la pesca deportiva de este ejemplar, ya que su recuperación había sido sustancial en los últimos diez años, lo que podría permitir la liberación de la Norma 059 -según comentó en una entrevista para ZETA en 2015-, que prevalece desde 1974 y restringe su pesca.

En la información obtenida por este Semanario, Parra Aispuro se relacionó con allegados al empresario para encontrar el mercado de la totoaba, comenzando así una organización dedicada a la pesca y venta de esa especie endémica a gran escala.

Con la ruptura familiar se iniciaría una cacería contra “El Parra”, quien para ese momento ya contaba con cien pescadores, además de financiar a otras agrupaciones para que compraran sus propias pangas y emprender actividades ilegales.

En dicha conversación comentó que su presencia en la pesca furtiva era inconveniente para las intenciones de Ascolani y de sus socios Pat Buttler, Jorge Limón y Rafael Navarro, quienes impulsan la pesca deportiva de la especie.

Es por ello que sostuvo acercamiento con fuerzas policíacas y militares, además del propio gobierno local, para exigir la detención de “El Parra”, lo que generó el reforzamiento de la intervención de agentes estatales y la atención específica del Coronel Nolasco, quienes seguían sus pistas.

Aunque negó tener nexos con policías y militares, aseguró que en una ocasión pidió el apoyo del Comandante Roa de la Policía Federal para intervenir a unas personas que merodeaban la casa donde se encontraba -resultaron ser agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada-; también indicó que le compró un vehículo a un jefe de la Policía Federal de apellido Heredia.

El precio de una unidad de vejiga natatoria oscila entre los 4 mil y 8 mil dólares, dependiendo el peso y si se extraía de una hembra, lo que provocó un crecimiento exponencial de las agrupaciones mafiosas. Los “buches” encontraron un atractivo mercado en China, para lo cual se cruzaba por Calexico, luego a Los Ángeles; también había una ruta por San Pedro Mártir hasta llegar a Tijuana, donde obtenían buen precio. Sin embargo, se reconoce que hay producto que llegó a venderse para el consumo interno, como es el caso de Ciudad Obregón, Sonora, donde lograron llevarse ejemplares para su venta por montos de hasta 10 mil dólares.

FGR ATRAERÁ EL CASO

El subprocurador Fernando Ramírez Amador aseguró que por tratarse de funcionarios federales, la agresión contra “El Kiki” Sandez, será investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), además de encargarse de enjuiciar a los involucrados.

Aunque no se cuenta con presuntos responsables plenamente identificados, las diligencias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegarán hasta cierto punto, para luego entregarla a las autoridades federales que asumirán el caso.

Referente a las denuncias, el funcionario indicó que seis han sido interpuestas entre pescadores hacia marinos y viceversa, de las cuales reconoció, algunas se quedarán en el fuero común, en específico en las que marinos se ven afectados, como el daño de vehículos de su propiedad.

Para finalizar, Ramírez Amador declaró que hasta el momento no existen elementos para establecer que se trata de un hecho accidental y no se ha solicitado a los integrantes de la embarcación Sea Shepherd el video completo donde se exhibe a los pescadores furtivos escapar de las autoridades. Dadas las características del incidente, esperarán a que la FGR atraiga el caso, ya que tendrán una mayor capacidad de atención.

Respecto a Enrique García Sandez, personal de la Marina Armada de México ofreció a sus médicos atención al lesionado, quien permanece bajo cuidados especiales debido a la lesión provocada por arma de fuego en la cabeza.

Con información de El Univerasl, Radio Fórmula y Sinembargo